¿Hoy es el inicio de un régimen militar en México?
Los usos y costumbres de nuestro sistema político tienen capturada la opinión pública, con los destapes y las reacciones de aspirantes a la Presidencia de la República. Este camino es una ruta efectiva para que se avance en el Legislativo con propuestas que no solo son polémicas, sino riesgosas. Si algún futuro imprevisto se avecina, no es el proceso electoral, sino la posibilidad de un cambio de régimen cuyas consecuencias pueden ser desoladoras.
Hoy, con un albazo legislativo, nuestro país puede convertirse en un Estado militar si logra consenso la aprobación del dictamen de la Ley de Seguridad Interior, que presentará el PRI en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
A la Ley de Seguridad Interior se le ha llamado ley golpista. Puede parecer un término alarmista, pero delata la intención que lleva un dictamen que es a todas luces inconstitucional y que desconoce los tratados internacionales ratificados por nuestro país.
Durante 11 años, las fuerzas armadas se han desplegado en el territorio nacional y se han hecho cargo de la lucha contra el crimen organizado, asumiendo la responsabilidad que han abandonado por completo los gobernadores. Los resultados no pueden ser más catastróficos. Basta saber que, de acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por su sigla en inglés), “la violencia derivada de la militarización de la lucha contra el narcotráfico en México alcanzó los niveles de un país en guerra abierta: en 2016, los 23 mil homicidios dolosos registrados convirtieron el país en el segundo lugar con el mayor número de asesinatos en el planeta, después de Siria”.
No solo está en juego la seguridad, con esta ley se perpetuarían los niveles crecientes de violencia, y además se vulnerarían las instituciones democráticas arrebatándole la responsabilidad de la seguridad pública a los civiles, para dejarla en manos de las fuerzas armadas, sin incluir ningún mecanismo de contrapeso y rendición de cuentas.
Si lo que se busca realmente es fortalecer la estrategia de seguridad pública, estamos a tiempo de construir un consenso social que progresivamente regrese a los militares a sus cuarteles y que construya alternativas para el fortalecimiento de las policías. La salida comienza por respetar la Constitución y regular el artículo 29.
Las y los legisladores que proponen este dictamen, quienes lo aprueben y quienes tengan en mente encabezar la presidencia del país en 2018 avalándolo, serán recordados por ser promotores de un cambio de rumbo nacional que resquebraja derechos y libertades fundamentales.