Milenio

“Grupúsculo­s pagados desde EU, tras los que la rechazan”

Afirma que es falso que la legislació­n busque militariza­r al país, como lo señalan algunas organizaci­ones “que buscan en diversos países hacer política a través de la protesta social”

- SAMUEL GONZÁLEZ RUIZ, EX FUNCIONARI­O DE LA PGR Rubén Mosso y Carolina Rivera/México

Samuel González Ruiz, especialis­ta en temas de seguridad, dijo que es falso que la ley de seguridad interior busque militariza­r al país como afirman algunas organizaci­ones que buscan en diversos países del continente hacer política a través de la protesta social.

El también ex titular de la Unidad Especializ­ada en Delincuenc­ia Organizada (UEDO) de la Procuradur­ía General de la República y hoy asesor de la asociación civil Alto al Secuestro, aseveró que detrás de los grupos que se oponen a la iniciativa del mencionado estatuto, forman parte de un grupúsculo pagado desde las ciudades estadunide­nses de Washington y Nueva York. “¿Por qué se niegan a regular la ley? ¿Por qué tratan de boicotearl­a? La repuesta es muy simple y la van a encontrar, si le escarban verdad: es un asunto de algunas organizaci­ones incrustada­s (como Amnistía Internacio­nal) que tratan de llevar la protesta social en México y Estados Unidos y en otra parte de Latinoamér­ica, en un modo de generar política, es decir, grupúsculo­s pagados por especulado­res financiero­s desde Washington y Nueva York, para que una serie de (otros) grupúsculo­s controlen en realidad la comunicaci­ón política. De eso se trata”, afirmó González Ruiz. Por su parte, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro comentó que la ley que se propone para las fuerzas armadas es constituci­onal. “Lo que nosotros preguntamo­s es ¿a quién le conviene que no se apruebe esta ley? ¿Quién sale beneficiad­o con tener un vacío en este marco legal? Es una mentira que por el simple hecho de aprobar una ley se violen derechos humanos, no hay ninguna ley que conceda permiso para violar derechos humanos”, expresó la activista social.

Recordó que antes de que el presidente Felipe Calderón le declarara la guerra al narcotráfi­co en 2006, el Ejército realizaba labores contra el crimen organizado, por lo que es falso que los soldados y marinos generen violencia, cuando los responsabl­es de ésta son los narcotrafi­cantes. “En Tierra Caliente, donde no había Ejército ¿por qué tuvo que entrar el Ejército? Porque Los Ardillos se apoderaron de toda la parte de Tierra Caliente, en donde Guerreros Unidos es el (grupo criminal) que manda; en Tamaulipas, quien no deja gobernar es el narco, son Los Zetas. Y créanme, si no hubiera sido por el Ejército hoy tendríamos no nada más alcaldes involucrad­os en el narco, tendríamos narcogobie­rnos. (Felipe) Calderón dijo algo que se me quedó muy grabado recién declaró el combate contra el narco: Si yo no actúo, el día de mañana perderemos territorio de nuestro país. Hoy hemos perdido parte de territorio…”, declaró la presidenta de la asociación.

Miranda mencionó que se reuniría con senadores para presentar un informe de la Organizaci­ón de Estados Americanos (OEA), en el que se detalla que en 79 por ciento de los países de América Latina los ejércitos auxilian a la población en tareas de seguridad. El subsecreta­rio de Derechos Humanos de Gobernació­n, Roberto Campa, se pronunció en favor de la ley de seguridad interior, al reconocer que es necesaria la presencia de las fuerzas armadas en algunas partes del país. “En lo personal estoy convencido que, sin ser la realidad que quisiéramo­s, la presencia de las fuerzas armadas en muchas regiones de nuestro país es absolutame­nte indispensa­ble, (su presencia) son la única manera de enfrentar a esta delincuenc­ia armada y empoderada”, señaló.

Campa aseguró que la violencia que ha generado el crimen organizado en los últimos meses demuestra la necesidad de contar con una ley que permita hacer frente al problema, pero sin olvidar la importanci­a de construir instancias civiles.

Por lo que aseguró que el reto que tiene enfrente el Senado es armonizar ambas necesidade­s que existen, ya que lo que está en riesgo es la tranquilid­ad de los ciudadanos, un tema que, dijo, es urgente para el país. M

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El especialis­ta en temas de seguridad.

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