La minuta, en su curso legislativo: Camacho
El coordinador de PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, señaló que la minuta de la ley de seguridad interior sigue su curso legislativo y confió en que el Senado la apruebe antes del 15 de diciembre, cuando concluye el periodo de sesiones.
En entrevista, el promovente de la iniciativa aseguró que está apegada a la Constitución y es de utilidad para la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. “Nos parece que está siguiendo su curso legislativo; nosotros hacemos votos por que se pueda dictaminar en los términos que llegó de la Cámara de Diputados. “Los priistas tenemos la convicción de que se trata de una ley apegada a los términos de las convenciones o los instrumentos internacionales que, al Estado mexicano, a las fuerzas armadas y, subrayadamente, a los ciudadanos, no son de enorme falta”, refirió.
Luego de que el Senado anunció que atenderá las propuestas sociales y de partidos para modificar la iniciativa, con el objetivo de votar el dictamen en este periodo y regresarlo a San Lázaro, el coordinador priista destacó que el ordenamiento está en la jurisdicción de los senadores y es allá donde se debe desahogar.
El pasado 30 de noviembre, con el voto mayoritario de la fracción del PRI y sus aliados, así como de 14 panistas y dos perredistas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la ley de seguridad interior para regular la intervención de las fuerzas armadas en entidades y regiones geográficas con el fin de contener amenazas a la seguridad interior.
De acuerdo con la minuta que se analiza en el Senado, el presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas locales o de los gobernadores la intervención de la Federación, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
Asimismo, las fuerzas armadas (el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea) solo intervendrán cuando las capacidades de las federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se trate.
Mientras que en el caso de las protestas y movilizaciones sociales establece que “bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”. m