La ley que cambia nuestras vidas
Traducir una ley en las consecuencias que tendrá para nuestra vida cotidiana no es sencillo. Pero es importante comprender que las decisiones de nuestros representantes con la aprobación de la ley de seguridad interior pueden cambiar radicalmente nuestro contexto y perpetuar las condiciones de violencia que nos tienen atrapados en el miedo y la incertidumbre.
No hay una sola evidencia de que la estrategia militarizada de seguridad haya reducido la violencia en estos 11 años de guerra contra el narco. Por el contrario, vivimos el año más violento de la historia de nuestro país.
No se trabajó un proyecto integral que plantee una estrategia con suficiente autocrítica ni que ofrezca un planteamiento responsable de justicia y seguridad en el mediano y largo plazo. En cambio, se otorgaron facultades discrecionales para los militares y marinos, aún por encima del Poder Ejecutivo. Se dice que esta ley dará certeza a las fuerzas armadas. Sin embargo, los coloca en una situación crítica que, desafortunadamente, les restará legitimidad.
Ayer, el Senado hizo cambios cosméticos a la minuta de la ley de seguridad interior, hoy los diputados la intentarán aprobar a toda prisa. Después de haber simulado reducir los riesgos advertidos por la ONU, la CNDH, el Parlamento Europeo, los obispos de la Iglesia católica, cientos de organizaciones de sociedad civil, académicos y artistas.
Si queda aprobada en este periodo, lo que sigue será interponer acciones de inconstitucionalidad, cuya resolución tomará años. No habrá de sorprendernos que los niveles de violencia no sean disminuidos. Mientras tanto hagámonos a la idea de que el sexenio cerrará con un proceso con el que se abre la posibilidad de que se hagan realidad al menos tres preocupantes supuestos:
1. Que se decreten afectaciones a la seguridad interior y pasado el año previsto se prorrogue indefinidamente la presencia de fuerzas armadas en ciertas regiones.
2. Que sin necesidad de que el Presidente de la República haga una Declaratoria de Seguridad Interior, las fuerzas armadas realicen unilateralmente “políticas, programas y acciones” para “identificar, prevenir y atender” los escenarios identificados en la “Agenda Nacional de Riesgos”, que es un documento reservado.
3. Que los órganos autónomos como el INE, la CNDH, el INAI y sus pares estatales, se vean obligados a entregar cualquier documento que les sea solicitado por las fuerzas armadas, violando su autonomía.
Solo nos queda esperar a que, de aquí a que la Suprema Corte de Justicia tenga en sus manos el destino de esta ley, no se haga realidad ninguna de estas posibilidades a las que nos expusieron quienes aprobaron este dictamen. M