Y el gobierno federal debe demoler sus casas, porque sus habitantes están en grave peligro ante la amenaza de derrumbes
A 4 años de Ingrid Manuel, nuevas
La señora Ana María Montan, damnificada del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, mete su puño entre la separación de los muros de una de las casas del fraccionamiento Nuevo Mirador que, a través de empresas privadas, construyó el gobierno federal en Chilpancingo para los afectados por las lluvias torrenciales que impactaron Guerrero en septiembre de 2013 y que afectaron 16 mil 776 viviendas.
La separación entre muros se generó por la mala construcción en el fraccionamiento. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tiene registrado un desplazamiento de dos centímetros entre muros y de 11 centímetros hacia la manzana donde vive Ana María.
El alejamiento de las paredes puede apreciarse desde el primero hasta el tercer piso de la vivienda que los damnificados estrenaron el 23 de diciembre de 2015.
Cuatro años después de la desgracia, el gobierno federal, por medio de Sedatu, debe demoler 32 de las casas, porque de continuar el desplazamiento se “pondría en situación de alto riesgo” a las familias. Así se lee en el dictamen que la Secretaría de Protección Civil de Guerrero emitió el 6 de julio de 2016, donde recomendó “la demolición (…) debido a que las plataformas no garantizan su estabilidad”. Además, otros 32 inmuebles están deshabitados porque comparten la plataforma inestable.
“Eso nos lleva a denunciar a quien resulte responsable porque quienes ejecutaron las viviendas argumentan que el que hizo la plataforma es culpable”, asegura José Manuel Armenta, delegado de Sedatu en Guerrero.
La empresa responsable de las plataformas fue Servicios en Concreto Maza, a quien por ese trabajo se pagaron 24 millones 916 mil 170 pesos. Las casas fueron edificadas por la empresa Casaflex, que en total recibió 4 contratos por 145 millones 800 mil pesos.
Ahora Casaflex enfrenta denuncias en la Procuraduría General de la República (PGR) por su probable responsabilidad en los daños en el Nuevo Mirador y por el cobro de obras que no ejecutó. En total debe reintegrar 85 millones 621 mil 275 pesos.
Actualmente, la PGR realiza el peritaje en todo el fraccionamiento porque algunos hogares en otras manzanas también tienen afectaciones. Esto, a pesar de que el conjunto habitacional es prácticamente nuevo. Al caminar por la manzana 2b se pueden ver 32 casas con grietas, separaciones entre muros, desniveles en el piso, paredes vandalizadas, e incluso algunos jóvenes inhalando solvente en las construcciones abandonadas.
En el pasillo en el exterior de la manzana se puede apreciar el deslizamiento que tienen las construcciones hacia la manzana donde vive la señora Ana María. Ella recuerda cómo Casaflex, la empresa que construyó las viviendas, se presentaba en el fraccionamiento y sellaba la separación en el piso y se iba.
La plataforma donde están construidas 64 de los inmuebles perdió su capacidad de resistencia y ahora es como una pista de hielo. Incluso las escaleras para acceder a una de las viviendas están volando: se despegaron ya unos centímetros del piso.
El Nuevo Mirador de Sedatu forma parte del proyecto de reconstrucción Plan Nuevo Guerrero para reubicar a las familias damnificadas y a las que vivían en zonas de riesgo.
“Estaba de delegado el señor Vicario Castrejón nos presentó un proyecto de unas casas muy bonitas. Él decía que íbamos a vivir mucho mejor, que este iba a ser un fraccionamiento modelo, digno de nosotros que porque así lo mandaba el presidente Enrique Peña Nieto”, dice Ana María Montan.
Ella llegó hace dos años a vivir a la manzana 1B y ahora tiene miedo de que las casas de la manzana 2B se colapsen sobre su vivienda.
“Ya no sé si me siento beneficiaria al recibir estas casas en las condiciones que están o sigo siendo damnificada”, dice mientras se encoge de hombros.
El desastre en la construcción también implica a la Constructora Jumen SA de CV que por incumplimiento de contrato debe reintegrar 14 millones 364 mil pesos.
Y eso no es todo: la construcción del fraccionamiento se inició sin los estudios de impacto ambiental. “Cuando estaba el proceso de construcción hubo una visita de quien era secretario de Medio Ambiente, doctor Juan José Guerra Abud, y en su opinión la característica del terreno no era apta para construir vivienda, así es que se suspendió”, refiere Armenta, el hombre de Sedatu en el estado.
Se tenía proyectada la construcción de mil 100 casas, pero sólo se construyeron 598 por la inestabilidad del terreno. La Sedatu no ha informado dónde y cuándo se van a construir los inmuebles para esos damnificados.
Sedatu también enfrentó una sanción de Capufe por uso indebido de la autopista de El Sol MéxicoAcapulco, que es una vía de alta velocidad y no debe utilizarse para acceder al fraccionamiento. A cuatro años el puente de acceso aún no está concluido.
Hasta la fecha no se cuenta con la red de agua potable. Irving, otro de los damnificados que vive en el fraccionamiento, gana mil 500 pesos semanales trabajando en la Central de Abastos y se gasta más de 15% de su sueldo en agua.
“La pipa la compramos el rotoplas nos lo dan a 100 pesos y de esto me cobran 30 aparte para los servicios básicos, para el lavado de ropa, para el baño, los trastes”, dice Irving.
En el fraccionamiento tampoco se construyó la escuela, ni el centro de salud que estaban proyectados en el plan original.
“Sedatu no ha recibido la obra porque no puede aceptar algo que no está terminado, que tiene problemas, por eso no nos pueden dar un acta de donación del terreno”, comenta otra damnificada. Hasta entonces se podría gestionar que el Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa de Guerrero determine si es factible construir los planteles. Mientras eso sucede, los habitantes improvisaron en galeras de madera escuelas primaria y telesecundaria para evitar el gasto en transporte.
“Yo tengo tres hijos, estudiaban en Chilpancingo, me gastaba diario en pasajes 120”, cuenta Ana María, quien le pide al presidente Peña Nieto que cumpla con las viviendas y la escuela como prometió.
A cuatro años de Ingrid y Manuel, el desastre en el proceso de reconstrucción ha dejado Héctor Vicario Castrejón y a Sheila Ortega Muciño, ambos ex funcionarios de Sedatu, inhabilitados por 10 años. Y a los damnificados, viviendo un doble desastre… M