Gobierno a ONU y OEA: seguridad, en riesgo sin Ejército
Anoche seguía a debate en el Senado el uso de las fuerzas armadas contra el crimen
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El gobierno federal expresó su “pleno y firme apoyo” al proyecto de ley de seguridad interior y advirtió que la protección de la población “se verá seriamente afectada” sin las fuerzas armadas.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República aseguraron que México ha buscado privilegiar la comunicación y remisión de información sobre la iniciativa.
Ante las críticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reiteró que la aplicación de la legislación deberá regir el imperativo de promoción y protección de las garantías individuales. “El gobierno de la República destaca su pleno y firme apoyo a dicho proyecto de ley, al tiempo que reconoce el papel de las fuerzas armadas en la protección a la población en distintas zonas, sin cuya presencia su seguridad se vería seriamente afectada”, subrayó.
Junto con el documento se difundió la respuesta del gobierno enviada el pasado 5 de diciembre a Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que garantizó que “el proyecto de ley no tiene por objetivo que las fuerzas armadas asuman un papel policiaco permanente, sino que limita —a un año— la duración de sus intervenciones”.
El gobierno mexicano también propuso solo utilizar métodos lícitos para obtener información por medio de labores de inteligencia y estableció que “las fuerzas armadas están imposibilitadas para actuar contra protestas sociales pacíficas”, lo cual, en conjunto, “proporcionará certidumbre a las fuerzas del orden y contribuirá a salvaguardar la seguridad de la población, sin que ello signifique, de ninguna manera, la militarización del país”.
Resaltó la importancia de que el Poder Legislativo dote de un marco jurídico a la actuación de las distintas fuerzas del orden, para hacer frente a los desafíos a la seguridad interior en distintas zonas del país, incluyendo las fuerzas armadas, y fortalezca las respuestas para garantizar a la ciudadanía la seguridad que demanda, especialmente ante los efectos negativos que plantea la delincuencia organizada.
Subrayan que, según numerosas encuestas, la población afectada respalda su despliegue
El comunicado destaca que el proyecto que se discute en el Senado, y que antes se aprobó en la Cámara de Diputados, busca reglamentar y limitar la temporalidad de las operaciones de auxilio a cargo de las fuerzas armadas, lo que a su vez permitirá fortalecer los esfuerzos para avanzar en el reforzamiento de los cuerpos policiacos locales y que cumplan con sus responsabilidades en seguridad pública. “El gobierno ha dado seguimiento a los debates generados en las sedes legislativas, que han contado con diversas fuerzas políticas y sociales dentro del país, las cuales han generado modificaciones para garantizar el cumplimiento del marco constitucional en su aplicación”, sostuvo.
El proyecto de ley, aclaró, respeta los derechos humanos y “facilitará las respuestas a niveles local y federal, asegurando que el papel de las fuerzas armadas sea acotado a aquellas situaciones en las que sea absolutamente indispensable, a través de procedimientos claros”.
Además ratificó su compromiso de continuar el diálogo y la cooperación con las instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, así como con los actores interesados y la sociedad civil en su conjunto.
En 13 puntos reiteró que la actuación del Ejército y la Marina “no es permanente y no suplanta a las autoridades civiles, sino las auxilia y apoya en un contexto que es imperativo reglamentar”.
Enunció que, según numerosas encuestas, la población en zonas más afectadas por el crimen “manifiesta un decidido respaldo a su despliegue cuando la situación lo ha hecho necesario”. m