Nadie dijo que esta batalla sería fácil
Entendemos que nuestra postura daña intereses muy poderosos, desde el solitario cliente explotador hasta el crimen organizado transnacional
En 2014, el país conoció el nombre y rostro de una de las madrotas más poderosas y escurridizas de Ciudad de México: María Alejandra Gil Cuervo, conocida como La Madame, una falsa defensora de derechos humanos que explotaba a mujeres en situación de prostitución en la zona de Sullivan, exigiéndoles una porción de sus ganancias a cambio de una supuesta protección de su asociación civil.
La caída de La Madame, y su posterior sentencia de 15 años, fue el inicio del desmantelamiento de una enorme red de trata de personas que, esta semana, tres años después de ese arresto, sufrió otro mazazo: la caída de El Yeohusua.
Yeohusua Alfonso López Sosa, de 39 años, era el presunto brazo derecho de La Madame. Durante tres años, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos de Trata de Personas de CdMx le siguió los pasos con vocación de vigilante.
Gracias al marco legal actual, al trabajo de campo y paciencia de los agentes de la Policía Federal se pudo cumplir la orden de aprehensión que pendía sobre El Yeohusua en Ecatepec, Estado de México, y así dieron una estocada a una de las organizaciones delictivas más importantes del país.
En esa misma semana, la actual ley general contra la trata de personas dio sustento a un importante operativo en el país contra la mendicidad forzada, una modalidad de explotación en la que se obtiene un beneficio al obligar a una persona a pedir limosna.
En la redada cayeron El Boss, o Manfred Alexander Ordoñez López, y La Chela, o Whendy Yamilet Paguada Quintanilla, ambos de origen hondureño, quienes están acusados de enganchar a menores de edad en Centroamérica y traerles hasta México con la promesa de una vida mejor.
En realidad, apenas llegaban a territorio nacional, las víctimas eran trasladadas hasta distintas zonas del Estado de México y forzadas a obtener hasta 3 mil pesos diarios en “caridad” y entregar su totalidad a sus captores o eran golpeadas.
Gracias al operativo desplegado en dos inmuebles mexiquenses se logró el rescate de cuatro víctimas, todas de nacionalidad hondureña: menores de 8, 9, 12 y 13 años que eran obligados a mendigar en las calles.
Y por si aquello fuera poco, en esa misma semana se cumplieron dos órdenes de aprehensión contra dos personas en Cuernavaca, Morelos, quienes están relacionados con la red internacional Zona Divas, donde mujeres de origen sudamericano son ofertadas entre 500 y 2 mil 500 pesos, en uno de los servicios de escorts más violentos que aún persisten en México. Gracias a esos arrestos, seis víctimas de explotación sexual fueron liberadas, cinco de ellas de origen venezolano.
Ese operativo se suma a la exitosa redada de la Fiscalía General de Justicia de Edomex que se realizó en el motel Gran Vía, en Toluca, donde fueron rescatadas 24 extranjeras víctimas de explotación sexual, también presuntamente ligadas a Zona Divas.
Estos cuatro grandes logros no serían capaces sin una ley antitrata fuerte, de avanzada, como la que hoy está vigente en el país, que — además— cosechó otro fruto a fin del mes pasado: por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la norma actual está redactada correctamente para sancionar, como delito de trata de personas, el almacenamiento de pornografía infantil, aunque sea sin fines de distribución ni comercio, lo que significa un golpe durísimo contra los pedófilos que operan en territorio mexicano.
El fallo de la primera sala del máximo órgano de justicia de nuestro país es también un golpe demoledor para quienes intentan cambiar la ley bajo el engaño de que no está funcionando: gracias al actual marco legal, un individuo que guardaba un disco duro con imágenes de menores de edad en actos sexuales, y que por años mantenía conversaciones eróticas con niñas, no podrá salir de prisión.
Esto ha sentado un precedente para que ninguna otra persona pueda hacer acopio de fotografías y videos degradantes, crueles, que lastimen la dignidad de la infancia mexicana sin enfrentar duras penas en la cárcel. Por el contrario, se trata de un triunfo para las víctimas y para las potenciales víctimas que, afortunadamente, ya no se cruzarán en su camino.
Estos son solo unos ejemplos de lo que la ley cosechó en días pasados. A esto hay que sumarles las miles de horas de capacitación de servidores públicos, como ministerios públicos más sensibles al tema; y las más de 760 sentencias contra tratantes, que están reconocidas a diciembre de 2016 en los documentos de la Comisión Intersecretarial de la Secretaría de Gobernación.
Con estos resultados, ¿quién quiere cambiar por completo la ley? ¿Quién gana confundiendo a la sociedad civil argumentando, torpemente, que no hay senten- cias, cuando éstas son de consulta abierta? ¿Qué intereses persiguen esas personas que tienen el poder de echar para atrás los avances legislativos en México, que han sido elogiados en decenas de tribunas internacionales? ¿Para qué quieren imponer una nueva ley que, han advertido distintas organizaciones civiles, cierra el acceso a la justicia para las víctimas y abre los cerrojos de las prisiones a los tratantes?
En estos momentos, en el mundo entero, no solo en México, hay una lucha en el tema de la trata de personas que se puede definir en dos ideologías contrarias: de un lado, quienes estamos de acuerdo con la campaña Corazón Azul, lanzada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, acerca de que el ser humano no está a la venta; y del otro lado están aquellos que ven signos de pesos en los cuerpos de las personas, que casi siempre son las más vulnerables de la sociedad, y van a torpedear las leyes para entrar al jugoso negocio del comercio de seres humanos. Los primeros creemos que la dignidad humana no puede ser comprada ni rentada y que el mayor bien jurídico a tutelar es la esencia incuantificable del ser humano; los segundos, creen en el dinero como un valor superior, endiosado, y están luchando para que los financiadores de esa ideología, empresarios y políticos sin escrúpulos, puedan seguir con sus negocios ligados a prostíbulos y giros negros, sin importarles que ese dinero causa que cientos de familias dejan de ver a sus hijas en sus casas y ahora las ven en las listas de desaparecidas en México. Nosotros, los primeros, entendemos perfectamente que nuestra postura daña intereses muy poderosos, desde el solitario cliente explotador hasta el crimen organizado transnacional. Se calcula que el negocio ilegal de la explotación humana vale a escala mundial unos 150 mil millones de dólares anuales. Y solo en México hasta medio millón de personas, actualmente víctimas de trata, según la Fundación Scelles de Francia, necesitan de leyes que garanticen que están de su lado y no de sus victimarios para poder salir de ese infierno.
La tarea no es fácil. Nadie prometió una batalla sencilla. A escala mundial, y en México, los defensores de derechos humanos dejan la piel en la defensa de un concepto que algunos quieren ver en desuso: la dignidad humana. Nos enfrentamos todos los días a la mentira, a la calumnia, a la persecución desde altas tribunas. Pero lo hacemos sin dudar, porque también perseguimos la protección del débil, el derecho a una vida sin violencia y el sueño realizable de una sociedad donde ninguna cartera pueda comprar la voluntad de una niña.
Y nadie, nunca, se puede equivocar cuando lucha por una idea tan simple y tan bella como esta: ningún ser humano está a la venta.
Denunciemos la Trata de Personas al 018005533000. m