Con las obras y falta por entregar 56% de las casas de las 14 mil 635 que proyectó la Federación desde 2013
Empresas constructoras no cumplieron
Los trabajos para la construcción de los fraccionamientos que el gobierno federal encargó a empresas particulares para los damnificados del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, que azotaron Guerrero en septiembre de 2013, están suspendidos desde mayo de este año.
En 2014, a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), se etiquetaron 45 mil millones de pesos para edificar las viviendas pero, casi cuatro años después, de 14 mil 635 reconstrucciones totales y parciales proyectadas, faltan por entregar… 8 mil 134, es decir, 56% de las casas. De los 43 fraccionamientos que incluyó el plan de reconstrucción, 18 están abandonados, inconclusos y con deficiencias.
Sin casas nuevas, y perdidos sus viejos hogares, los damnificados viven así una doble desgracia.
Las causas de la suspensión son dos: una, que las empresas contratadas para hacer las casas no cumplieron, y dos, que el dinero para pagar los salarios de los empleados de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que se dedican a supervisar las construcción y ejecutar los recursos para la construcción, se agotaron en octubre, hace más de un año.
“Lamentablemente enfrentamos un paro (laboral) de la unidad técnica de la secretaría y esto nos ha obligado a suspender los procesos de reconstrucción”, dice José Manuel Armenta, delegado de Sedatu en Guerrero.
Desde hace ocho meses 33 empleados de Sedatu no reciben su salario porque las reglas de operación del Fonden estipulan que al gasto operativo corresponden 58 millones, que representan 2% de los recursos asignados a la reconstrucción. El gasto operativo se agotó porque el proceso de reconstrucción del Plan Nuevo Guerrero se ha extendido por más de cuatro años.
“Las cosas se les salieron de control, no se tuvo el cálculo de cuánto tiempo iba a tardar la reconstrucción en el estado”, dice Jesús Zúñiga, uno de los empleados afectados.
Los trabajadores de Sedatu denuncian un mal manejo de los recursos del Fonden.
“Por gastos de más en la supervisión, pagos a empresas que no han concluido las viviendas, pagos de anticipos de no se ejecutaron”, enumera Rocío Hernández, otra trabajadora de Sedatu.
“Desde México enviaron muchas empresas que nosotros las denominamos consentidas. Estamos hablando de más de 200 empresas que trabajan para Fonden; de esas, 20 o 30% son empresas que definitivamente no cumplieron”, denuncia Violeta Medina, también empleada de la delegación Guerrero. Doña María del Socorro García lleva 15, de sus 60 años, viviendo en una barranca en el municipio de Zumpango, Guerrero. Su casa de madera la cimentó entre la tierra del monte y llantas viejas.
En septiembre de 2013 por su vivienda pasaba el torrente de agua que bajaba desde el cerro cuando Ingrid y Manuel dejaron 101 muertos y casi 17 mil casas afectadas.
Las autoridades dictaminaron que María vivía en una zona de riesgo y la sumaron al programa de reconstrucción Nuevo Guerrero.
“Estamos esperando, ya pasa de cuatro años y nomás no nos han dado respuesta de nada”, dice la vendedora de piñatas.
La señora María del Socorro será reubicada en el fraccionamiento de Zumpango, que se encuentra en el municipio de Eduardo Neri, en la región Centro de Guerrero. Pero… está abandonado.
No tiene agua ni luz y algunas casas tienen afectaciones en los cimientos, a pesar de que el gobierno federal pagó a la empresa Caraza Diseño y Construcción y a Constructora 15 9 millones 668 mil pesos para construir 31 casas y dotarlas de servicios.
Sedatu otorgó 330 contratos sin licitación bajo el argumento de la urgencia de la reconstrucción, pero a cuatro años el desastre en los procesos administrativos y financieros tienen a miles de familias sin casa.
MILENIO recorrió algunos de los fraccionamientos abandonados o construidos con materiales de mala calidad… En el fraccionamiento El Papagayo, en el municipio de Juan R. Escudero, se construyeron 27 de las 34 casas destinadas a los damnificados, en una zona carente de servicios.
Algunas de las viviendas se hicieron sobre palafitos, a un metro de alto y se construyeron con unicel, cartón, madera y láminas de asbesto.
La mayoría de los beneficiarios las rechazaron, reconoce José Manuel Armenta, delegado de Sedatu, quien entró hace dos años a la secretaría para continuar la reconstrucción que inició el ex delegado Héctor Vicario, a quien la Secretaría de la Función Pública inhabilitó una década.
MILENIO buscó la postura de Vicario, actual diputado local del PRI, pero prefirió no comentar sobre el caso.
“Es un modelo de construcción inadecuado para Guerrero. No tomaba en cuenta su uso y costumbre. En esta zona, en Papagayo particularmente, la gente acostumbra cocinar fuera de su vivienda y hace uso de leña”, dice Armenta.
Desde septiembre de 2016 la obra quedó abandonada. Las casas fueron saqueadas, destruidas y quemadas. Sí, quemadas.
La construcción la realizó la empresa Materiales Elementales, con un contrato de 17 millones 244 mil pesos en varios municipios. Sedatu reubicó las casas y la empresa deberá usar otros materiales. El fraccionamiento El Balzamar está en el municipio de Leonardo Bravo, en el centro del estado. Aquí la arquitectura tampoco tomó en cuenta los usos y costumbres. Este lugar fue construido para que todo un pueblo de campesinos fuera reubicado, pero las casas no tienen lugar para los animales, ni un sitio donde estacionar las camionetas con las que transportan sus cosechas.
El gobierno federal destinó 53 millones 666 mil 439 pesos para la construcción de 205 viviendas, la compra del terreno y la introducción de servicios. La Constructora Armec nunca inició los trabajos, mientras que la empresa Evodio Santiago García, que cobró 38 millones 950 mil pesos, abandonó la obra.
“Se hace una terminación anticipada precisamente, porque la empresa (Evodio Santiago) no estaba dando los avances que nosotros necesitábamos”, justifica Armenta.
El contrato fue reasignado a Construcciones y Servicios Villahermosa, empresa que tampoco ha avanzado significativamente: a cuatro años, tiene 65% de avance.
La dependencia federal ha emprendido siete denuncias en la PGR contra de empresas que causaron un daño millonario al erario.
Mientras Sedatu no tenga los recursos para pagar a sus empleados, pueda liquidar a las constructoras y las obligue a cumplir con su trabajo, las obras seguirán abandonadas y las familias viviendo su doble desgracia .... M