Peña Nieto no debe promulgar esa ley de seguridad…

Soy de los que, desde el sexenio de Vicente Fox, pedí que las fuerzas armadas salieran a las calles para combatir a los cárteles de la droga y sus ramificaciones criminales, como las bandas de secuestradores y extorsionadores, que suelen pertenecer a los mismos grupos de narcotraficantes: sicarios y halcones, tropa delictiva, que tienen permiso de sus jefes para ganar dinero a costa de la gente (secuestran, dan levantones, cobran piso), más allá de las actividades de siembra, cosecha, transformación, trasiego y venta de drogas.

Y lo hice porque reporteaba en estados, en pueblos donde la gente estaba a merced de los criminales. Y no solo los ciudadanos, también las autoridades locales: alcaldes, jefes policiales de los municipios, policías estatales también. Vaya, hasta policías federales había en la nómina de los jefes de plaza, como en el Michoacán de 2013-2014.

Pero igual lo vi en franjas de Chihuahua, donde la gente tenía que huir hacia el otro lado de la frontera con sus niños traumatizados por la violencia. Vi sus miradas, escuché sus palabras, transmití en televisión sus dibujos aterradores que ilustraban los degüellos de sus familiares. Vi pueblos quemados en la sierra de Durango, vi los éxodos en Sinaloa, vi las calles ensangrentadas de Tijuana, Ciudad Victoria. Vi la violenta tragedia de Guerrero.

Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Estado de México, Jalisco, por todos lados he visto al diablo desatado, tantos charcos de sangre, tanto dolor de familiares de desaparecidos, tantas fosas, tanto terror a esos criminales, que son como gobiernos paralelos donde se les antoja. Y simultáneamente a esa impunidad, siempre palpé la incapacidad de gobernadores que además exhibían sin empacho su cinismo, como aquel sujeto: “Mira manito, nosotros (los gobiernos del PRI), negociábamos; ellos (los narcos, los criminales) controlaban una parte del territorio y todos en paz, sin violencia”. La pax narca institucionalizada.

Fueron esas actitudes torvas de tantos políticos las que no dejaron más remedio que mandar soldados y marinos a que intentaran recuperar el control sobre vastas zonas del territorio. ¿O qué, seguíamos mirando todos impávidos cómo reclutaban por la fuerza a jóvenes en Chihuahua, muchachos que nunca volvieron, o cómo violaban a madres e hijas en Michoacán y los monstruos maldecían pueblos con hijos no deseados?

No me arrepiento de haber pedido que las tropas salieran a las calles, han recuperado territorios, pero también es verdad que persiste y crece la violencia en muchas zonas (2017 será el periodo más violento en 20 años): no ha sido capaz el Estado mexicano de construir policías confiables, superpreparadas y estupendamente pagadas. Los alcaldes no pueden, a los gobernadores les vale, a los legisladores les da igual, los funcionarios federales van y vienen con sus geniales ideas y sus viajes de ego.

Hoy el gobierno federal no puede prescindir de los militares en las calles, es un hecho, y se necesita un marco legal para regular su presencia, pero esa ley de seguridad interior que está a punto de promulgar el Presidente (tal vez este mismo lunes), tiene varias imprecisiones y ambigüedades que pueden ocasionar serios problemas en manos de un orate. La próxima semana expongo aquí algunos puntos que me parecen inquietantes.

Por cierto, cómo he visto gente a favor y en contra perorando sobre el tema sin haber leído la legislación: es una deshonestidad intelectual que, en uno de los extremos, y desde el parnaso, alguien llegó hasta la pedantería (y la mentira) de hacer comparaciones de la ley con… decretos de Hitler. No, bueno… M