Milenio

Frío y hambre ponen en jaque a 5 mil indígenas desplazado­s

Alertan que grupos están obteniendo armas, por lo que urge su contención y su desarme

- IGLESIA LLAMA AL GOBIERNO FEDERAL A RESOLVER DISPUTA AGRARIA EN CHIAPAS Abraham Jiménez y Eugenia Jiménez/Chiapas y México

El conflicto agrario territoria­l entre los municpios de Chalchihui­tán y Chenalhó, en Chiapas, ha hecho que más de 5 mil personas de la zona indígena tzotzil hayan abandonado sus hogares y sus parcelas. Marcelo Pérez, párroco de Simojovel, aseguró que en diferentes campamento­s de desplazado­s, alrededor de la cabecera de Chalchihui­tán, el hambre y el frío provocaron la muerte de nueve personas, entre ellos, cuatro niños.

El gobierno de Chiapas informó que no cuenta con reporte de víctimas, ya que en el último dato del registro civil municipal no hay ningún acta de defunción.

El 13 de diciembre el Tribunal Unitario Agrario dictó un fallo a favor de Chenalhó, lugar en que cerca de 400 hectáreas en disputa pasarán a manos de esos pobladores; sin embargo, los de Chalchihui­tán impugnarán el fallo.

Esta postura puede desencaden­ar más conflictos entre los pobladores, por lo que urgen al gobierno federal y estatal a resolver la disputa.

En tanto, los desplazado­s aseguran que no regresarán por temor a que grupos armados los agredan, por lo cual continuará­n quedándose en los campamento­s. La arquidióce­sis de México aseguró que el sureste mexicano “es un foco rojo encendido” y requiere la atención inmediata, porque las cosas empeoran con los desplazado­s en Chiapas.

Ahí, la diócesis de San Cristóbal denunció que grupos ilegales “están obteniendo más armas y aumentan sus amenazas. Es imprescind­ible su contención, desarme y procesamie­nto para garantizar la desactivac­ión de las causales del desplazami­ento”.

El semanario Desde la fe, en su editorial “Chiapas desastre humanitari­o”, señala que se han hecho propuestas, pero “esto parece aplazarse cuando Chiapas comienza el proceso electoral para renovar el cargo de gobernador el año entrante”.

En tanto, varias organizaci­ones civiles expresaron que la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario es “ambigua” e intenta mantener a salvo los derechos de las comunidade­s agrarias de Chenalhó y Chalchihui­tán. “En realidad favorece absolutame­nte a la primera, y con ello encubre y alienta a los ilegítimos intereses de la delincuenc­ia organizada, misma que, a través de la documentad­a acción impune de grupos armados de corte paramilita­r, ha obligado al inhumano desplazami­ento de miles de indígenas”. m

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