ARTICULISTA INVITADO
OTTO GRANADOS
La reforma educativa, máxima prioridad
El pensamiento convencional sugiere que la educación y la cultura son los fundamentos más importantes para el desarrollo civilizado y armónico de una sociedad. Quizá por ello un buen número de países emergentes ha emprendido, al menos desde los años 60 del siglo pasado, reformas educativas de distinta naturaleza y alcances, pero todas ellas orientadas al crecimiento, la movilidad, el ingreso y una mejor convivencia. Hasta entonces, se creía con razón que una educación de calidad, asociada estrechamente al impulso de los sectores estratégicos de las economías nacionales, podía generar un círculo virtuoso en donde la formación de capital humano sería la clave. En pleno siglo 21, ambas condiciones siguen siendo válidas, pero el entorno ha cambiado de manera notable y, por tanto, también la orientación de las reformas educativas, como es el caso de la que México ha iniciado en estos años.
Por un lado, la fisonomía del país, respecto de hace apenas cuatro décadas, se ha modificado. México es ya un país urbano, con una economía abierta, crecientemente diversificada, compleja y principalmente sostenida en los sectores manufacturero y de servicios. Tiene además una población cuya edad promedio rebasa los 28 años, con mayor esperanza de vida, una clara expansión de las clases medias y una cobertura cercana a 100% en la educación básica y a 82% en la media superior.
En suma, México cuenta hoy con una demografía muy distinta, la población económicamente activa aumenta de forma sostenida y el empleo parece cada vez más relacionado con sectores cuyo valor agregado radica ahora en el grado de conocimiento invertido en su actividad productiva.
En segundo lugar, también el mundo se ha transformado no- tablemente. La economía y la producción globales atraviesan por lo que Klaus Schwab ha llamado una “cuarta revolución industrial”, caracterizada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas que alterarán radicalmente “la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos”; por un cambio tecnológico que tenderá a destruir empleos tradicionales, más que a crearlos, al volverlos irrelevantes o ser ejecutados por máquinas, y donde la innovación, el manejo de datos a gran escala (big data), la inteligencia artificial o la robótica serán los rasgos habituales de las economías competitivas del siglo 21.
Ahora bien, si esas son algunas de las condiciones reales en México y en el mundo, ¿cuál es la mejor manera de enfrentarlas si se quieren aumentar las posibilidades de tener un desarrollo educativo y personal razonablemente exitoso? En estricta lógica y aunque la evidencia empírica no es concluyente, el sentido común sugiere que mientras mejor educados, más preparados y más competitivos seamos, mejor. Pero conviene apreciar otras variables. La primera es que, a diferencia del pasado reciente, ahora es indispensable una “educación a lo largo de toda la vida”.
Es decir, las generaciones de alumnos actuales y futuras deberán asumir que, más allá de la educación formal, la capacitación y la actualización permanente serán la constante durante toda su vida productiva.
La segunda es que la educación en la escuela ahora compite con otras modalidades de adquirir información y conocimiento, accesibles incluso desde antes de ingresar a la educación preescolar, tales como las nuevas tecnologías digitales. Si antes bastaban ciertos años de educación para obtener un determinado ingreso hoy se requieren más para lograr el mismo nivel, entre otras cosas porque la oferta educativa se amplió, hay más personas que tienen acceso a ella y cuentan con más años de escolaridad. Y la tercera es que el umbral educativo se ha elevado consistentemente, lo que quiere decir que el número de años de estudio necesarios para conseguir una ocupación que asegure un nivel de vida adecuado es unos años mayor que en el pasado.
Si hasta este punto la conclusión es que la educación importa, entonces la pregunta relevante es si a mediano y largo plazo la actual reforma educativa permitirá responder a los retos que enfrenta y enfrentará México en el siglo 21 y por qué defenderla frente al oportunismo y la demagogia electoral es una máxima prioridad.
La respuesta es en ambos casos afirmativa, siempre y cuando exista conciencia colectiva de la complejidad del mundo educativo, laboral y profesional en el que los niños y jóvenes mexicanos vivirán en las próximas décadas, y que, si se quiere competir con las mejores herramientas, la educación de gran calidad no es una opción, sino la más importante y de mayor profundidad que México tiene para ofrecer a su población un desarrollo incluyente, equitativo y sostenible. En ese sentido, la reforma educativa, si se ejecuta con la disciplina, enfoque y tenacidad adecuadas, es el principio de un cambio sustancial a mediano plazo.
Las experiencias educativas exitosas son numerosas en el mundo, pero su diseño, características y velocidades no son homogéneas, y corresponden más bien a modelos
“Mejorar la carrera docente es uno de los pasos para elevar la calidad de enseñanza” “Se deben alentar procesos de reflexión colectiva para garantizar su continuidad eficaz”
sociales, culturales, económicos, e incluso políticos específicos, no siempre comparables con la realidad mexicana.
Es verdad que, como dice Pak Tee Ng, un experto de Singapur, es necesario identificar lecciones, retos y rutas observadas en algunos países para ser aprovechadas en otros, a través de comparaciones pertinentes y que permitan formular interrogantes que guíen los debates sobre la necesidad y orientación de las reformas educativas. Estas interrogantes deben abrir una oportunidad para identificar claramente requerimientos, oportunidades y aspectos que deben cuidarse en los procesos de reforma.
Es imperativa, por tanto, una reflexión relevante acerca de los desafíos de fondo que afrontará la instrumentación de la reforma educativa mexicana en los siguientes años. La búsqueda de mejora y de transformación sustancial de la carrera docente (expresada por ejemplo en una redefinición de su papel y su reputación social), es solamente uno de varios pasos por llevar a cabo para mejorar la calidad de la enseñanza.
Los procesos de contratación, evaluación, promoción y de diseño de incentivos para reclutar y mantener a los mejores profesionales en las aulas, es una acción fundamental incluida en diversas reformas educativas, que obliga sin duda a realizar y sostener modificaciones institucionales importantes a largo plazo.
Otro componente crucial es el de la validación social y la revaloración del sistema educativo como una vía que genere desarrollo, equidad y sobre todo movilidad social y económica. Los esfuerzos de consulta y participación realizados sobre diversas políticas de la reforma educativa son un primer ejercicio en la búsqueda de ese objetivo, pero todavía deberán ser explicados, profundizados y comprendidos ante el acre debate político, y su deliberada rentabilidad electoral, que ha generado la transformación de múltiples acuerdos informales que dieron estabilidad administrativa pero no eficacia ni calidad al sistema educativo en México.
Estas apreciaciones son solamente un breve recordatorio de lo aconsejable de promover una reflexión objetiva e informada de los alcances, componentes y supuestos conceptuales de la reforma educativa. Sobra decir que los retos y costos que su operación enfrenta siempre serán menores que los costos de la inercia o en comparación con los beneficios esperados con una instrumentación eficaz, ordenada y con una visión clara sobre los fines de la educación en un país que necesita más crecimiento, más equidad y más movilidad ascendente.
Como se ha estudiado, toda reforma educativa pasa por distintas etapas en las que se manifiestan aspectos vulnerables, particularmente ante factores de corto plazo que contrastan ante los largos periodos requeridos para dar resultados, como la desigual permanencia de actores públicos, la percepción de los bienes que genera una reforma, la existencia de beneficiarios difusos y no organizados contra la presión de grupos de interés organizados y con recursos, la insuficiente capacidad institucional, o la tentación constante por responder a incentivos de coyuntura donde prevalezca la política y no la educación.
Sin embargo, de la misma forma que se perciben desafíos, es posible evitar o al menos mitigar algunas condiciones de riesgo, al asegurar que exista un interés permanente por resolver problemas en materia de desigualdades injustas y la consecución de los fines establecidos en la reforma.
Como señala el propio Pak Tee Ng: “Toda reforma [será] un proceso de disputas que pone a prueba la voluntad de las personas. Habrá paradojas acopladas con tensiones, pero los resultados mostrarán si la reforma se trata simplemente de repetir un eslogan, o si se trata en verdad de luchar por una causa. Si es el primer escenario, morirá pronto por causas naturales; pero si es la segunda, la gente caminará de la mano y afrontará las dificultades pensando en la siguiente generación”.
La reforma educativa de 2013 ha contagiado un saludable optimismo en contraste con las opciones de política que anteriormente fueron descartadas por falta de voluntad o de capacidad política, pese a la evidencia de su necesidad y la percepción positiva de sus efectos potenciales. También ha generado cambios que permiten vislumbrar los beneficios de sus componentes, y ha incentivado una amplia conversación pública sobre la educación.
Más allá de los datos duros y la valoración de la urgencia, necesidad y pertinencia de las acciones realizadas en los últimos años, es necesario no olvidar la dimensión de las dificultades que enfrentó inicialmente su gestión, a pesar de las cuales se logró emprender la reforma de uno de los servicios públicos que mayor impacto tiene en las oportunidades de desarrollo personal y colectivo.
Por todo ello, uno de los principales propósitos será evitar que se olviden las razones de la reforma y alentar procesos de reflexión colectiva para garantizar su continuidad eficaz.