¿Y así quiere ganar el PRI?
En pleno arranque del proceso electoral, un nuevo escándalo acecha al PRI. El gobierno de Chihuahua hizo público hace unos días que Alejandro Gutiérrez, ex directivo nacional del PRI, ha sido indiciado y detenido por triangular recursos públicos para su partido. Se presume que diseñó un esquema triangular en el que se desviaron alrededor de 250 millones de pesos, supuestamente etiquetados para el fortalecimiento de programas educativos de esa entidad. Corría el año 2016 y el gobernador de esa entidad es el hoy prófugo César Duarte. Este año, como se recordará, se disputaron 12 elecciones para elegir gobernador. Estuvieron en juego Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, por mencionar algunas. Supuestamente, el destino de ese desvío millonario fue a parar a esas entidades que, por cierto, todas le fueron arrebatadas al partido tricolor.
El presidente del partido era Manlio Fabio Beltrones y el secretario de Hacienda Luis Videgaray. De acuerdo con los testimonios recogidos, incluyendo el del secretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime Herrera, la colusión para efectuar el desvío fue maquinada en la SHCP y el CEN del PRI. Gutiérrez, a quien se le señala también por recibir 1.7 millones de pesos (en 2015) que pararon en las arcas de sus empresas, fue el operador financiero para hacer los supuestos desvíos y, con ellos, financiar las campañas electorales de los estados antes mencionados. Lo anterior muestra que el desprestigio y las marrullerías del PRI no cesan.
El ex gobernador César Duarte tiene varias órdenes de aprehensión. Entre ellas se encuentra el desvío de dinero público para la adquisición y la operación de un una institución financiera, la Unidad de Crédito Progresa, la que con el tiempo y abundantes recursos públicos se convirtió en banco. Esta institución facilitaba el manejo del dinero que era destinada a causas políticas como también, podría presumirse, al enriquecimiento personal de quienes lo dirigían.
A diferencia de otros gobernadores señalados por presuntas irregularidades (Javier Duarte, Borge, Padrés, Hernández, etcétera), el chihuahuense Duarte puso en marcha sus operaciones bancarias con el aval de la propia SHCP y, por tanto, con el apoyo de la Federación. Esto explica la demanda urgente del gobernador Javier Corral, hecha al mismo presidente Peña Nieto, para extraditar a su antecesor. Sin embargo, todo indica que el gobierno federal no quiere remover el caso. Por lo que se sabe, afectaría personajes del más alto nivel. De ahí la inmovilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores para no echar a andar el proceso correspondiente.
El caso de Chihuahua vuelve a demostrar una vez más que uno, entre muchos, de los espacios más corruptos del sistema se encuentra en los gobiernos locales. En plena temporada electoral, esas irregularidades se convierten en un gran negativo para el PRI y resultará difícil convencer a los electores con esos antecedentes. Por eso es válido preguntarse: ¿con estos escándalos, y los que vengan, el PRI piensa ganar la elección presidencial? El camino se vuelve más sinuoso para el viejo partido. Se encuentra enjaulado en su propia corrupción. M