Corte ordena destitución de alcalde y cabildo de Paraíso
Resoluciones pendientes rebasan los 400 mdp; pago, “inviable”, reconoce ayuntamiento
En un hecho sin precedentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la destitución del cargo y consignación de 10 regidores, entre ellos, Bernardo Barrada Ruiz, presidente municipal, así como de dos directores, todos de Paraíso, Tabasco, por desacato a una sentencia de amparo.
De igual manera, ordenó la consignación de 10 ex regidores más de la localidad, entre los que destaca Jorge Alberto Carrillo, quien fue presidente municipal.
La decisión de la Corte derivó porque los actuales funcionarios y los ex servidores no cumplieron con un fallo emitido en 2012; el asunto tuvo su origen en un laudo laboral que ganaron 23 ex trabajadores del ayuntamiento, a quienes en 2006 se les debió pagar 38 millones 913 mil 81 pesos y reinstalar en sus plazas; hasta el 12 de octubre de 2017, el monto adeudado asciende a 95 millones de pesos.
El municipio de Paraíso tiene asignado para este año un presupuesto de 405 millones 253 mil 627 pesos; en 2017, su presupuesto fue de 399 millones 337 mil pesos.
Sin embargo, los laudos pendientes del municipio asciende a más de 400 millones de pesos, según Ernesto Sanabria, director de Comunicación Social de Paraíso. “Si cubriéramos el monto total de los adeudos el municipio se queda sin un solo peso, es prácticamente inviable”, dijo.
Sanabria detalló que el alcalde tiene una cita agendada con los ministros para tratar el asunto.
En los próximos días, la Corte notificará al área jurídica del cabildo de la destitución de los 10 regidores y dos secretarios.
Asimismo, dará vista al Congreso del estado para que nombre a un nuevo cabildo en Paraíso, municipio que se quedó con el onceavo y el doceavo regidores, Fredy Hernández y Susana Pérez, respectivamente, cuyos cargos vencen a fines del presente año.
La Corte también notificará a un juez federal que debe solicitar a la PGR que consigne de manera directa a las 22 personas, quienes pueden alcanzar hasta 10 años de prisión o la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El pleno del alto tribunal dejó el incidente de inejecución de sentencia abierto y ordenó requerir a los nuevos integrantes de Paraíso el cumplimiento de la sentencia.
La decisión, unánime
El ministro José Ramón Cossío Díaz propuso la destitución y consignación de Barrada Ruiz, quien actualmente ocupa el cargo de primer regidor y presidente municipal de Paraíso. Su propuesta fue avalada por unanimidad, y la misma implica a:
Del segundo hasta el décimo regidores: María Cruz Frías, Asunción Díaz, Adelaida Romero, Antonio Domínguez, Norma Alicia Arévalo, Ismael Alejandro Peregrino, Crystel Colorado, Saúl Magaña y María Lizbeth Carrillo.
Ángel Mario Lastra, quien ocupa el cargo de director de Programación, y Álvaro López, actual director de Finanzas, también serán destituidos y consignados.
Por su parte, Jorge Alberto Carrillo, quien fue primer regidor y presidente municipal, tendrá que ser consignado; lo mismo quienes fungieron como segundo hasta décimo regidores:
Sebastián Santos, Guadalupe Sánchez, José Antonio Alejandro, Jorge Verduzco, Miriam Magaña, Víctor Sevilla, Alma Yoriela Pérez, Paula Carrillo y Rosana Gómez.
El juicio
El 10 de diciembre de 2012, 23 ex trabajadores promovieron un amparo contra el incumplimiento del laudo de 29 de agosto de 2005 y de la resolución del incidente de liquidación de 6 de octubre de 2006, ambos dictados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Tabasco.
El 30 de agosto de 2013, el juez primero de distrito del centro auxiliar de la octava región otorgó el amparo a los quejosos para los siguientes efectos:
Para que la autoridad responsable diera inmediato cumplimiento al laudo dictado en 29 de agosto de 2005 consistente en la reinstalación de los quejosos.
Realizara el pago de la cantidad que hasta el momento sea liquidado y su actualización a la fecha a los quejosos y al peticionario Guadalupe Flores Javier (fallecido).
Que en caso de no existir partida presupuestal o crear las plazas, se incluyera en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2014, en el entendido que la cantidad que debía presupuestarse debe ser igual a la condenada en el laudo, sus liquidaciones y actualizada a la fecha de pago del año siguiente.
El 24 de marzo de 2014, se tuvo a los quejosos interponiendo un incidente de inejecución de sentencia, y dado que no se obtuvo su cumplimiento, el juez ordenó remitir el caso al Tribunal Colegiado para continuar con el trámite y en 2017 llegó a la Corte.
El ministro Cossío dijo que los integrantes de la administración pasada tuvieron una actitud contumaz y un desacato total, pues no realizaron gestión alguna para cumplir la misma conduciéndose con evasivas.
Sobre el trienio 2016-2018, el director de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento solicitó un término para estar en condiciones de dar cumplimiento al requerimiento e incluir en el presupuesto de 2016, la deuda del expediente laboral. m
Enfrentan 22 imputados hasta 10 años de cárcel; el fallo incluye a 9 ex regidores y ex munícipe