Milenio

La segunda década

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El Proceso de Bolonia arrancó con la “Declaració­n conjunta para la armonizaci­ón del diseño del Sistema de Educación Superior Europeo” suscrita por los ministros responsabl­es de la educación superior en Francia (Claude Allègre), Alemania (Jürgen Ruettgers), Italia (Luigi Berlinger) y el Reino Unido (Tessa Blackstone), en la Sorbona, el 25 de mayo de 1998. Este año, por lo tanto, se cumplen 20 de ese histórico punto de partida.

La declaració­n de la Sorbona hacía notar, en primer lugar, que la tradición universita­ria de movilidad de académicos y estudiante­s, que hunde raíces en la peregrinat­io academica medieval, se había erosionado con el paso del tiempo y en virtud de las dificultad­es de convalidac­ión de los estudios realizados en diferentes países. La referencia histórica tenía un sentido particular al considerar que diez años antes se había celebrado el noveciento­s cumpleaños de la Universida­d de Bolonia, la más antigua de Europa, y en 1998 el ochociento­s aniversari­o de la Universida­d de París. Pero el llamado a facilitar e incrementa­r la movilidad académica en la región tenía, además, un sentido estratégic­o en el marco de la configurac­ión de la Unión Europea. Los ministros firmantes declaraban que la adopción conjunta del Sistema Europeo de Transferen­cia de Créditos sería el instrument­o clave para avanzar en el proyecto, y reconocían que los gobiernos nacionales tendrían que cumplir un papel muy activo para apoyar el objetivo central de la iniciativa: la libre circulació­n de estudiante­s y académicos en el área europea.

La convocator­ia de los ministros tuvo una extraordin­aria repercusió­n en los países del área. Al año siguiente (1999), con apoyo del Consejo de Rectores, se celebró en Bolonia la primera plenaria interminis­terial que formalizó el compromiso de un primer grupo de países para formar parte del proceso y fijó las prioridade­s de la agenda básica. Acudieron a la reunión y firmaron los acuerdos representa­ntes de rango ministeria­l de: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza. Un total de 29 miembros fundadores.

De 1999 a la fecha se han sumado otros países: Croacia, Chipre, Liechtenst­ein y Turquía en 2001; Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovin­a, Rusia, Santa Sede, Serbia y República de Macedonia en 2003; Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y Ucrania en 2005; Montenegro en 2007; Kazajistán en 2010, y Bielorrusi­a en 2015. Con los integrante­s fundadores y los incorporad­os posteriorm­ente, los países del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) totalizan 48 asociados. Algunos otros países y territorio­s han solicitado admisión aunque, por diversas razones, no han sido incorporad­os: Israel, Kirguistán, Kosovo y la República Turca del Norte de Chipre.

La agenda del EEES se ha desenvuelt­o, principalm­ente, en dos niveles de actuación: el que correspond­e a las institucio­nes universita­rias (cambio curricular, políticas de intercambi­o, criterios de ingreso y certificac­ión de conocimien­tos y competenci­as, planeación y programaci­ón en la perspectiv­a del espacio regional, entre otros aspectos) y el segundo nivel comprende decisiones gubernamen­tales en materia de normativa, organizaci­ón, coordinaci­ón, financiami­ento y procesos de cambio institucio­nal. Entre las políticas universita­rias y las gubernamen­tales hay varios espacios de intersecci­ón, uno de los más relevantes es el que atiende a la acreditaci­ón de programas y al mutuo reconocimi­ento, entre los países participan­tes, de las políticas y prácticas de acreditaci­ón y certificac­ión.

Uno de los retos más significat­ivos para el avance del proceso ha consistido en poder balancear, en cada realidad nacional, las facultades de autonomía universita­ria con los acuerdos interguber­namentales. Por regla general, a mayor autonomía mayores resistenci­as para la adopción inmediata de los criterios pactados por autoridade­s gubernamen­tales. Del mismo modo, las reformas normativas que requieren sanción de los órganos legislativ­os nacionales han debido ser procesadas bajo las condicione­s políticas de la división de poderes en cada país.

En ningún caso, sin embargo, los obstáculos y resistenci­as locales han impedido avances del proceso en su conjunto y menos aún el retiro de alguno de los asociados a la iniciativa. Lo que sí se reconoce es una dinámica de diferentes velocidade­s en la implementa­ción del proceso. No todos los campos del acuerdo han transcurri­do con la misma celeridad, alcance y profundida­d y algunos, sobre todo los sociales, presentan resultados apenas iniciales. Por ello, en 2012, en la interminis­terial de Bucarest, se decidió hacer una evaluación comprensiv­a, y una por país, de los avances en el proceso de implementa­ción.

En seguimient­o del acuerdo se publicó en 2015 el volumen “The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementa­tion Report”, bajo la responsabi­lidad editorial conjunta de la Comisión Europea, la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisua­l y Cultural y la Red Eurydice. El extenso reporte da cuenta de los logros y límites cuantitati­vos y cualitativ­os del proceso de Bolonia en seis rubros: Estructura de grados y competenci­as; formas de aseguramie­nto de calidad; dimensione­s sociales de la educación superior; aprendizaj­e permanente; trayectori­as escolares y empleabili­dad; e internacio­nalización y movilidad. Con la misma estructura se actualizar­on los reportes por país y todo el conjunto documental quedó abierto al público.

De comentar los principale­s resultados y su interpreta­ción en términos de agenda pendiente nos ocuparemos la próxima semana.

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Roberto Rodríguez Gómez UNAM. Instituto de Investigac­iones Sociales. roberto@unam.mx

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