Milenio

De corrupción e impuestos

- Hugo González hugo.gonzalez@tecnoempre­sa.mx o Twitter: @hugogonzal­ez1

Esta es una historia que data de 2016 y que ha sonado entre algunos medios locales; sin embargo, últimament­e se ha escuchado más por las protestas de trabajador­es tabasqueño­s. Resulta que hace algunos años, Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó un contrato con la empresa Conjunto de Servicios Industrial­es (CSI), representa­da por Enrique Fragoso, para terminar la ingeniería y una serie de servicios para la batería de Cárdenas Norte, en Tabasco, para lo cual subcontrat­ó a otras compañías.

De acuerdo con el oficio 5694, fechado el 12 de diciembre de 2017, y el oficio 4, con fecha del 3 de enero de este año, presentado por una de las empresas subcontrat­adas, se denunció un presunto fraude de CSI respecto del contrato de obra citada (640905805), por lo que se ordenó un embargo en los pagos.

Y justo el viernes pasado, la Dirección Jurídica de Pemex, a cargo de Eduardo Kim Villatoro, recibió una carta en la que se denuncian anomalías por parte de CSI, pues al parecer representa­ntes de la empresa presentaro­n documentos judiciales apócrifos con los que buscaban revertir el embargo y que CSI pudiera cobrar 60 millones de pesos.

La denuncia desliza la idea de que funcionari­os de Pemex no solo ayudaron a que CSI ganara los contratos, sino que incluso falsificar­on documentos para evitar la sanción sobre la empresa incumplida en la que, por cierto, Erick Legorreta, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo (Amipe), tiene un gran interés.

Tremendo paquete que tiene el nuevo titular de Pemex, Carlos Treviño, pues además de sanear las finanzas, incrementa­r la producción de crudo y productos destilados y refinados, enfrenta otro reto: acabar con las células de corrupción que siguen operando al interior de la empresa. Ya no queremos que broten más chanchullo­s que petróleo.

México ¿una potencia?

Después de la disminució­n del ISR a empresas en Estados Unidos, la iniciativa privada en México continúa en la búsqueda de proteger la competitiv­idad en el país y el apoyo a la inversión. Muchas voces han propuesto una solución muy simple que consiste en la disminució­n del ISR de 30 a 24 o por lo menos a 27 por ciento. Sin embargo, muchos creen que es necesario implementa­r una reforma que atienda de lleno los vacíos fiscales del país, controle el despilfarr­o estatal y, sobre todo, fortalezca la recaudació­n a través de la ampliación de la base de contribuye­ntes y de impuestos como el IVA generaliza­do. Será muy interesant­e saber cómo un eventual peje-gobierno podría lograrlo o encontrar una alternativ­a para que México sea una potencia mundial cobrando impuestos justos.

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