PLAN DE RECONSTRUCCIÓN
Resulta muy interesante observar las acciones que ha tomado el Gobierno de la Ciudad de México a partir de los sismos ocurridos en el pasado septiembre. El 26 de septiembre, a una semana del segundo sismo, el jefe de Gobierno decretó la creación de una comisión para la reconstrucción, recuperación y transformación de la metrópoli y envió un proyecto de ley con los mismos objetivos a la Asamblea Legislativa. Las emergencias estaban siendo atendidas y de cualquier modo ya habían iniciado las labores de remoción de escombros y demolición de edificios colapsados, además de la clasificación y dictaminación de edificios en riesgo.
La ciudadanía también se movilizó por sus propios medios, pero todos los habitantes de la ciudad hemos estado pendientes de las acciones que decida tomar el gobierno para enfrentar los múltiples problemas de la ciudad, los cuales fueron puestos en evidencia por los desastres naturales.
Nueve semanas después, el 1 de diciembre, se aprobó y publicó la Ley de Reconstrucción y comenzó el proceso de elaboración de un plan de gobierno para cumplir con la tarea. Dicho plan, publicado el pasado 12 de enero, resume las acciones emprendidas por el gobierno hasta ahora y las opiniones de los subcomisionados sobre las posibles vías de solución a los problemas más graves que aquejan a nuestra urbe. Todos conocemos dichos problemas, por lo cual el plan solamente nos ha recordado las grandes carencias que sufrimos a nivel del respeto a nuestros derechos como ciudadanos.
El documento expone ideas para estar mejor preparados ante futuras emergencias, reforzar la seguridad de las construcciones, resolver el problema hidrológico, mejorar los servicios viales, evitar los desplazamientos para fomentar la vida de los barrios, buscar la igualdad en las condiciones sociales, económicas, de género y de los grupos más vulnerables. En resumen, transformar positivamente la ciudad.
Es evidente que los objetivos del plan nos interesan a todos los ciudadanos; sin embargo, quienes lo redactaron han soslayado que a nuestra ciudad no le hacen falta más leyes ni más planes, sino acciones. El documento omite mencionar y proponer solución a los altos niveles de corrupción urbanística que sufrimos en la ciudad, los cuales dejan prácticamente sin efecto las buenas intenciones de la comisión. El desvío de fondos y la exigencia de sobornos para los trámites administrativos son problemas cuya solución es tan urgente para sanear a la ciudad como puede ser la reforma a los reglamentos.
Nuestro gobierno parece olvidar que la crisis por la que atraviesa la ciudad no es legislativa, sino administrativa. El combate a la corrupción y la gobernanza no se encuentran en el vocabulario de nuestros líderes. m