Entre la vida y la muerte
Gracias a activistas mexicanos Martita y Marisol están vivas, pero su trabajo y esfuerzo, traducidos en la actual ley antitrata, están en riesgo, ya que un puñado de legisladores intenta hacer creer a los ciudadanos que sus reformas son necesarias
Cuando Martita llegó a fundación Camino a Casa apenas hablaba. Mascullaba lo poco que aprendió de español a los seis años, cuando fue vendida a hombres que abusaban de ella por dinero en Cancún.
Toda su comunicación dependía de su lengua materna indígena que aprendió en su natal Guatemala. Esa lengua no solo le servía para comunicarse con su familia y amigos, sino que también le permitió escuchar y entender (eso repetía todo el tiempo) a los ángeles que le hablaron el día que su papá mató de un machetazo a su mamá: esas voces le confiaron que todo saldría bien, que alguien la cuidaría, que no se preocupara y que no dejara de presionar el cuello de su madre con un trapito que se hacía cada vez más pesado a causa de la sangre que salía a borbotones.
Martita fue de las primeras víctimas de explotación sexual que la fundación acogió, misma que fue abierta ya hace una década y dirigida por la admirable psicóloga Patricia Prado.
Aquel homicidio no solo destrozó a su familia, sino que también le torció la vida: debido a los problemas legales del padre un tío fingió hacerse cargo de ella, solo para llevarla al Caribe mexicano y vivir de las ganancias que le daban los pedófilos que hacen turismo sexual por el país.
Cuando finalmente fue rescatada de ese tormento, nosotros nos hicimos cargo de ella junto con otra niña de padres guatemaltecos, Marisol, quien también tenía una lastimosa historia similar.
Me acordé de ellas en estos días, porque a la vuelta de un descanso necesario en esta lucha contra mafias criminales y políticas recibí un regalo: un cuadro hermoso con tonos azules y cafés que rodean a una bailarina de ballet impecablemente vestida de blanco, que parece volar con los brazos extendidos.
La autora era Marisol y cuando me lo hizo llegar yo lo entendí como un doble presente: además de regalarme el tiempo con el que hizo arte, me dio el combustible necesario para continuar con esta batalla un año más.
Acordarme de ella me hizo pensar en la vida que tienen ahora gracias a la ayuda de decenas de personas que se esmeran todos los días en darles un nuevo comienzo, el programa #HojaEnBlanco también me hizo pensar en qué sería de ellas si no hubieran recibido la ayuda de fundación Camino a Casa, probablemente Marisol estaría muerta y también Martita.
Como guatemaltecas, víctimas de trata de personas y sin familia que las cuidara de manera segura (y sin fundaciones ocupadas del tema en México) ambas hubieran sido dirigidas a un centro estatal de protección para niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia. Escribí un artículo titulado “Las niñas de Guatemala, ¿quién prendió el fuego?”, respecto a lo que sucedió el pasado 8 de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, localizado en San José Pinula, Guatemala.
El 7 de marzo de 2017, la periodista española Clara Gil publicó un reportaje en el que revelaba lo que sucedía a puertas cerradas de ese instituto, supuestamente manejado por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de Guatemala había niñas que quedaron embarazadas dentro del albergue, niños abusados sexualmente, adolescentes forzadas a prostituirse, jóvenes víctimas de tortura, todo en un ambiente de suciedad, hacinamiento, agresiones y tratos degradantes.
Un día después de aquel reportaje, las niñas de Hogar Seguro se rebelaron a los custodios. Intentaban llamar la atención del país para que voltearan a ver las condiciones en las que vivían. Pero su revolución fue silenciada por los guardias, quienes encerraron a 51 de ellas en un pequeño cuarto.
El castigo se volvió fatal cuando un incendio se propagó por todo el albergue. Por horas, decenas de niñas ardieron en habitaciones cerradas con candados, mientras los bomberos intentaban llegar hasta ellas.
Conforme el tiempo pasó, se conoció el saldo real de aquel caso de negligencia criminal: 41 muertos y 20 heridos arrojó la tragedia de Hogar Seguro. ¿Y si Martita hubiera sido la 42? ¿Y Marisol la víctima 43? La única razón por la que hoy ambas están triunfando en la vida y no en una fosa común es que tuvieron el apoyo.
Gracias a activistas mexicanos que confiaron en que aquí tendrían un futuro promisorio. Hoy, esos activistas y su trabajo están bajo un ataque feroz. El resultado de años de esfuerzo, traducidos en la actual ley antitrata, están en riesgo, porque así lo han decidido un puñado de legisladores que con mentiras intentan hacer creer a los ciudadanos que los cambios legislativos son necesarios.
Dado que esos legisladores no quieren ver las vidas que se han transformado positivamente con la ley, habrá que hacerles ver los números que ha cosechado la actual legislación a partir de un
minucioso análisis de las sentencias obtenidas por trata de personas que haremos público próximamente —hecho por profesionales en el tema, con información pública y recopilada por la Secretaría de Gobernación—, con lo que podemos afirmar que la ley sí funciona: más de 765 sentencias firmes a diciembre de 2016 y de 388 ya analizadas, en 276 casos las víctimas protegidas fueron menores de edad.
La actual ley que ha sido elogiada por las mentes legales más brillantes del país, ha generado sentencias donde antes no había: desde la posesión con fines no comerciales de pornografÍa infantil hasta mendicidad forzada, los tratantes de personas tienen cada vez menos espacio para esconderse. También gracias a la ley, ninguno ha podido salir de prisión. Los cambios que proponen legisladores sin escrú- pulos y con intereses turbios, no solo arriesgan esa contundencia contra los criminales, sino que abren la puerta para que éstos salgan de la cárcel aprovechando las reformas.
El tema no es solo político y judicial. También se trata de un desfalco a las arcas públicas: un estudio elaborado por expertos en materia legislativa ha revelado que en México los magistrados, jueces, fiscales, agentes del Ministerio Público y policías, tanto federales como locales, son en total 349 mil 336 personas. La capacitación profesional en temas como igualdad de género o trata de personas, por persona, equivale a $166.60. Y dado que una capacitación promedio ronda entre las 10 y 16 horas, el costo de un taller de capacitación para este personal de la función pública oscilaría entre los 407 millones de pesos y los 652 millones de pesos. Si consideramos que la capacitación de este personal cuesta 652 millones de pesos, esa cifra equivale a 2.5 veces el presupuesto que a escala nacional se destina para programas dirigidos a la juventud en 2018 o también es la misma cantidad que el gobierno federal destinará este año para promover los derechos humanos y prevenir la discriminación.
La ocurrencia de algunos o la colusión con intereses oscuros representa un riesgo en todos los niveles. Pone en riesgo las finanzas públicas, la seguridad en las calles y la maduración de un proceso judicial vital para las víctimas. Pero si eso no fuera suficiente, tal vez esto sí lo sea: gracias a los esfuerzos que derivaron en esa ley, Martita y Marisol están a salvo. Vivas, felices, con un futuro brillante, lejos de las llamas que consumieron a otras niñas que no tuvieron su misma suerte. Por ellas, por más futuros como esos, es que vale la pena dar la batalla contra quienes quieren cambiar la ley. Permitírselos es, literalmente, un asunto de vida o muerte para miles de víctimas. Apoyemos www.fundacioncaminoacasa.org m *Presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata AC @RosiOrozco