Infames rentistas dedicados a desprestigiar
La palabra del Estado ya no cuenta. Así hayan las autoridades, en una investigación ejemplar y tras diligentes pesquisas, demostrado que los 43 jóvenes estudiantes de la escuela de Ayotzinapa fueron asesinados por sicarios de una banda criminal —de los cuales se tienen declaraciones y testimonios, además—, familiares de los desaparecidos, secundados por esos agitadores de siempre que son los primerísimos en vociferar “Ejército asesino” cuando se les aparecen delante los militares que nos cuidan y nos sirven a todos los mexicanos, siguen con la cantilena de que “vivos se los llevaron, vivos los queremos” (como si la circunstancia de ser raptado con vida conllevara la obligatoriedad de no ser matado posteriormente), siguen acusando a Enrique Peña de hechos en los que no tuvo absolutamente nada que ver, siguen lanzando tremebundas denuncias e imputaciones al Gobierno federal, siguen desconociendo selectivamente que los sucesos acontecieron en una entidad federativa tutelada por un partido de oposición —en donde mandaba un alcalde validado por el mismísimo candidato presidencial que ahora pretende renovar de pies a cabeza a la nación— y siguen escenificando actos de protesta en los cuales nunca evidencian a los verdaderos culpables, a saber, esos asesinos de las mafias que han perpetrado otras espantosas atrocidades —masacres de inmigrantes centroamericanos (San Fernando, Tamaulipas) o exterminios de pobladores inocentes (Allende, Coahuila)— sin que ninguna ONG ni ningún grupo político se hayan sentido llevados a bloquear avenidas o a cerrar carreteras para exhibir su indignación.
El asunto seguirá por decenios enteros —ya hasta monumentos hay, ya se han escrito obras musicales, ya se declaman patéticos poemas— pero, mientras tanto, brotan más historias: el turno le ha tocado ahora a la Procuraduría de Ciudad de México que, sirviéndose de imágenes y atestaciones, acaba de probar que el joven Marco Antonio Sánchez Flores estuvo simplemente deambulando por varias zonas de la metrópoli luego de haber sido detenido fugazmente por la policía capitalina. Pues, no, tampoco: el padre y el abogado niegan las evidencias. Me pregunto ¿es negocio, esto, lo de desprestigiar, lo de sembrar dudas, lo de acusar y lo de denunciar sin pruebas? M