ARQUITECTURA DE OFICIO
La mayoría de las personas que se dedican al urbanismo y la arquitectura saben que el sector informal de la construcción de vivienda abarca al menos el 65 por ciento del total de las casas que se construyen anualmente en nuestro país. La autoconstrucción ha sido la única solución que los ciudadanos de bajos recursos han encontrado ante la escasez y el alto costo de la vivienda formal.
Desgraciadamente, dicho tipo de construcción carece de la eficiencia y seguridad que los expertos son capaces de proveer. Algunas organizaciones civiles no lucrativas, como Hábitat para la humanidad, prestan su valiosa ayuda a las comunidades pobres, con asesoría y materiales de calidad que les permiten mejorar sus condiciones de habitación, pero cubren una parte muy pequeña de las unidades habitacionales autoconstruidas. Corresponde al gobierno de la Ciudad de México regular el fenómeno de la vivienda informal, para que las personas que recurren a dicha práctica tengan seguridad y certeza jurídica. El Estado cuenta con seguridad social y atención médica gratuita para la mayoría de la población. Del mismo modo, el sistema judicial provee, a quien no cuenta con los recursos para pagar a un abogado, un defensor de oficio para los casos penales y familiares.
¿Por qué no existe en las leyes mexicanas el concepto de “arquitecto de oficio”? Mientras que el reglamento de construcciones es muy minucioso y estricto con numerosas normas técnicas, su cumplimiento se reserva solamente para las obras que se localizan dentro de la traza urbana oficial, pero no cubre ninguna situación ajena a ésta. Es lógico que las personas que construyen su propia casa también carezcan de los conocimientos y recursos para tramitar los permisos correspondientes.
El Estado no debe iniciar una persecución en su contra, pero sí podría contemplar la regularización de la construcción como un beneficio social importante para la población. Existen fondos para la vivienda popular ligados con los dos grandes proveedores de servicios sociales del país, pero solamente se ocupan de asignar las casas que ellos mismos construyen o de dar créditos para adquirir viviendas realizadas por compañías privadas.
Hasta ahora no ha habido en nuestro país un programa de gobierno que atienda el fenómeno de la urbanización informal. Hace poco el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer su plan para la reconstrucción tras los sismos recientes, pero en él tampoco figura la necesidad de regularizar las prácticas deficientes en la construcción, aunque dedica un largo apartado a la urgente y necesaria seguridad estructural de las casas y edificios. m