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que dividen dicha práctica exclusiva; “sin embargo, a la fecha únicamente 21 por ciento de las mujeres son parte de carreras tecnológicas, que son las que posteriormente llegan a trabajos científicos en grandes investigaciones”, añadió.
Expuso que las grandes empresas agrícolas son dirigidas principalmente por hombres y aunque la situación ha cambiado, la brecha salarial sigue latente en la industria.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), 50 por ciento de la comida del mundo son producidos por mujeres.
En tanto, durante su participación, Juan Nicolás Rhoads, director de Planeación de Tripulaciones de Aeroméxico, sostuvo que dentro de la aerolínea 49 por ciento de su planta está conformada por mujeres; de ellas, 84 son pilotos.
Destacó que en septiembre de 2017 Aeroméxico lanzó su primer vuelo tripulado ciento por ciento por mujeres, en un viaje hacia China.
Añadió que también la percepción de los propios usuarios de los servicios de la aerolínea ha cambiado en concordancia con las políticas de género establecidas por la empresa, en las que no solo se privilegia la participación de la mujer: “Hemos ido rompiendo el esquema, por ejemplo, de nuestros sobrecargos, 24 por ciento son hombres. Hace 15 años la cifra era mucho menor”.
Mientras Regina Reyes Heroles, editora en jefe de Foros y Suplementos MILENIO, dijo en su intervención que se podría pensarse que la inclusión de las mujeres en ambas compañías (Monsanto y Aeroméxico) es limitada, pero han destacado por su participación. m
El 15 de noviembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia ordenó al Congreso de la Unión expedir, antes del 30 de abril de 2018, una ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución para regular la emisión de publicidad oficial, rubro al que se dedican miles de millones de pesos (mdp) cada sexenio. Por ejemplo, la administración de Felipe Calderón gastó 38 mil 943 mdp en publicidad oficial de 2007 a 2012, según reportó el portal Animal Político en septiembre de 2013; por su parte, Enrique Peña Nieto hizo, en sus primeros cuatro años, una erogación de 36 mil 261 mdp, de acuerdo con un informe publicado por el centro de análisis e investigación Fundar en septiembre del año pasado. Ante el riesgo de incurrir en desacato a una orden emitida por la Corte, senadores de diversos partidos presentaron iniciativas al respecto. El 23 de noviembre de 2017 legisladores panistas presentaron una iniciativa para crear la “Ley General de Comunicación Gubernamental”. Unos días después, el 28 de noviembre, integrantes de la fracción del PRD en el Senado presentaron la suya, con el mismo título, la cual fue suscrita por varios panistas que habían firmado la primera.
A esas iniciativas se sumó la presentada el pasado 8 de febrero por senadores de la bancada PT-Morena para crear la “Ley General de Propaganda Oficial”. Y se sumó también la presentada el 22 de febrero por Dolores Padierna para expedir la “Ley General de Publicidad Oficial y Comunicación Social”. Los documentos presentados tienen coincidencias que permiten intuir por dónde podría ir el contenido de la ley que regularía la llamada publicidad oficial. Todos ellos proponen temas que deben ser tratados por la “comunicación social” del gobierno y asuntos que estarían prohibidos.
Lo permitido: información sobre el contenido de leyes; orientación sobre la forma de ejercer derechos ciudadanos; campañas para concientizar sobre obligaciones, por ejemplo las tributarias: campañas en materia de derechos humanos, salud, educación y protección del medio ambiente; campañas sobre seguridad pública, protección civil, prevención frente a situaciones de emergencia; orientación sobre acceso a programas de asistencia y seguridad social; información y orientación para el caso en que tuviera que aplicarse el artículo 29 de la Constitución (suspensión de derechos y garantías individuales en caso de “invasión o perturbación grave de la paz pública”). Lo prohibido: incluir referencias (voz, imágenes, etcétera) a funcionarios públicos para exaltar su gestión; denostar a personas o partidos políticos; buscar influir en preferencias electorales; que un ente público cuestione u obstaculice con su publicidad las políticas, programas o acciones que realice otra entidad del sector público; contratar la difusión por cualquier medio de los informes de labores anuales elaborados por servidores públicos con cargos de elección popular; costear la publicación de esquelas de fallecimiento en cualquier medio de comunicación social.
La publicidad oficial se realizaría, en el caso de la transmitida por radio y tv, en los “tiempos oficiales” que la legislación de la materia concede al Estado para su uso y se distribuiría así: 35 por ciento para el Ejecutivo Federal, 15 para el Legislativo Federal (mitad y mitad para cada cámara), 10 para el Poder Judicial, 10 para los entes autónomos federales y 30 para las entidades federativas. La iniciativa del PRD-PAN y la de Dolores Padierna proponen la creación de un “consejo estatal autónomo” integrado por cinco personas —no se menciona a la burocracia que acompañaría a esos consejeros ni a la infraestructura correspondiente— para que “vigile” el cumplimiento de la ley. Finalmente, se propone un límite para el gasto dedicado a la publicidad-propaganda oficial: PT-Morena plantea que no exceda “0.15 por ciento del gasto total consignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente” y PRDPAN que no supere “la mitad de un punto porcentual” de ese presupuesto.
Si se considera que el presupuesto de egresos para 2018 (reproduzco la cifra para no errar), es de “$5,279,667,000,000” (DOF, 29/11/2017) seguiríamos hablando de miles de millones gastados en publicidad y propaganda oficiales. m