Respetar o mandar al diablo las instituciones
El respeto a las instituciones del Estado resulta fundamental para el desarrollo de una nación. Dicho respeto se finca en varios aspectos, de los cuales menciono dos: los contrapesos democráticos entre poderes y la autonomía de los titulares de dichas instituciones para ejercer plenamente sus funciones, dos condiciones de las cuales adolece nuestro marco legal. Ni existen contrapesos ni los titulares actúan con independencia. Por esta circunstancia, resulta tan tentador para el gobierno utilizar las instituciones del Estado mexicano, como la Procuraduría General de la República (PGR) para atacar a los adversarios políticos.
En 2005, desde el gobierno de Vicente Fox, se intentó impedir que Andrés Manuel López Obrador participara en el proceso electoral. La gran respuesta social impidió que este intento triunfara. Fracasaron: el nombre de López Obrador apareció en la boleta electoral. En 2006, en los momentos más tensos del conflicto electoral, los estrategas del gobierno descontextualizaron una declaración de López Obrador para montar una inmensa campaña de desprestigio en su contra, acusándolo de romper el orden institucional. Ahora se conocen datos, revelaciones de protagonistas de esos días, como Gustavo Ponce, que dan cuenta de cómo se presionó y chantajeó al que fuera Secretario de Finanzas del entonces Distrito Federal para que involucrara al jefe de Gobierno en hechos ilícitos a cambio de su libertad. Volvieron a fracasar. La movilización siempre fue por medios pacíficos, en uso de nuestros derechos constitucionales. Doce años después, López Obrador es quien encabeza las preferencias electorales.
La ciudadanía tiene claro que tanto el PRI como el PAN son los que en verdad han mandado al diablo a las instituciones y degradado nuestra vida pública. Las groserías que el ex presidente Fox ha dicho en sus recientes declaraciones a los medios de comunicación —no vale la pena repetir aquí groserías— son un elocuente recordatorio de lo que fue su sexenio: frivolidad e ignorancia.
Ante la actual guerra de acusaciones y descalificaciones, la sociedad ya registró cómo el gobierno Federal está usando a la Procuraduría para fines políticos y también ya conoce las palabras de quienes acompañaron a Ricardo Anaya y cómo calificaron a la PGR. PRI y PAN representan exactamente lo mismo: ambición desmedida por el poder y uso faccioso de las instituciones. Precisamente, por este tipo de comportamientos y actitudes la única respuesta que tendrán a su guerra de lodo será el rechazo de la sociedad. El rompimiento en la élite que se ha alternado el gobierno es real, por eso resulta patético el intercambio de acusaciones y reproches entre los dos bandos que a lo largo de cinco sexenios se han compartido el poder. Pero no es un rompimiento por cuestiones de visión, sino de control; un pleito entre camarillas políticas, no una competencia de proyectos de Nación. Se trata de una disputa por el control del aparato gubernamental, cuyo objetivo es seguir haciendo negocios, solapando la corrupción y saqueando al país. Hemos llamado a actuar con responsabilidad, a no dañar de esa manera la competencia electoral y a las instituciones del Estado; sin embargo, lo que ha prevalecido son las ambiciones personales y la lucha por conservar privilegios. M