CNDH pide indagar masacre en Allende
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la PGR, así como al gobierno de Coahuila y al municipio de Allende, investigar a los funcionarios de Seguridad por la masacre ocurrida ahí en 2011, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada, detenciones arbitrarias y desapariciones.
Los efectivos de Seguridad Pública que se pide investigar son acusados de vínculos con el grupo delictivo de Los Zetas.
El 18 de marzo de 2011, un grupo armado perteneciente a Los Zetas irrumpió en el municipio de Allende, destruyó 40 casas y siete ranchos, además de privar de la libertad aproximadamente a 300 personas, lo que motivó que la entonces procuraduría del estado iniciara la indagatoria correspondiente.
A partir de 2016, se informó de lo ocurrido en el penal varonil en Piedras Negras, entre los años 2009 y 2012, señalando que ese centro de reclusión operaba bajo el control de Los Zetas, quienes realizaban diversas actividades ilícitas.
En los informes emitidos por el Colegio de México, la Universidad de Texas y la Federación Internacional de Derechos Humanos aparecen diversas imputaciones, en actas de procesos judiciales americanos, formuladas por testigos protegidos del gobierno de EU contra de servidores públicos federales, de Coahuila y de los municipios de Allende y Piedras Negras respecto de sus vínculos con Los Zetas, situación que deberá ser valorada e investigada.
La CNDH indagó y pudo acreditar violaciones graves a derechos humanos, a la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal derivado de las detenciones arbitrarias cometidas en agravio de 34 personas.
Además de privación ilegal de la libertad de cinco menores de edad, desaparición forzada de 38 personas, incluidos tres adolescentes y otros pobladores de Allende, cuya identidad no fue posible determinar, imputable a personas que aceptaron pertenecer a Los Zetas, quienes contaron con la autorización y apoyo de elementos de la SSP estatal.
La recomendación emitida por la CNDH está dirigida a la PGR, al gobernador de Coahuila y al municipio de Allende. m