Milenio

Al menos 70% de madera que se consume en México es ilegal

- INVESTIGAC­IÓN DE LA UNAM Redacción/México

Al menos 70 por ciento de la madera que se consume en el país tiene origen ilegal y se beneficia de un contexto de amplia impunidad. “Los decomisos de la Procuradur­ía Federal de Protección al Ambiente (Profepa) alcanzan apenas 30 mil metros cúbicos de madera, frente a los 14 millones que se extraen ilegalment­e”, denunció Leticia Merino Pérez, experta del Instituto de Investigac­iones Sociales (IIS) de la UNAM.

En el Seminario Universita­rio de Sociedad, Medio Ambiente e Institucio­nes, dedicado a los bosques en crisis, expuso la necesidad de conservar estos ecosistema­s, que están en franco deterioro: 60 por ciento del territorio es forestal, pero México no tiene una política ambiental eficiente para cuidar, explotar, regular y mantener éste y otros recursos naturales (agua, suelo y biodiversi­dad), señaló.

Además, más de 60 por ciento del área forestal es propiedad social (de ejidatario­s y comuneros). “Representa el sustento de decenas de miles de familias campesinas y alberga una alta diversidad biológica”. Presta servicios ambientale­s como la captura, provisión y calidad del agua, protección de suelos y hábitat de miles de especies.

A escala social, detalló la antropólog­a, las comunidade­s rurales juegan un papel central en la conservaci­ón de bosques y selvas. “Su labor es relevante en el control de incendios y plagas, el cambio de uso de suelo y la tala ilegal”, señaló.

Merino Pérez alertó que “el clandestin­aje forestal tiene fuertes implicacio­nes sociales, ambientale­s e institucio­nales”. La producción y comercio ilegales se ven favorecido­s por una regulación pesada y costosa, pero también por su aplicación discrecion­al, la corrupción y la falta de supervisió­n en los canales comerciale­s.

Respecto a las áreas naturales protegidas, opinó que se debe avanzar hacia una cogestión y permitir esquemas de producción que sean compatible­s con la biodiversi­dad en las áreas de amortiguam­iento, “para que la gente local recupere los derechos de control y decisión, y los comparta con las reservas protegidas”. m

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La profesora Leticia Merino Pérez.

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