Corte: la geolocalización es solo para delitos graves
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente de 2014 a junio de 2016, que permitió a las procuradurías General de la República y estatales la geolocalización en tiempo real de aparatos celulares utilizados por delincuentes, ya que solo debe aplicarse contra algunos delitos graves.
El alto tribunal tiene pendiente por definir cuáles serán los efectos de su sentencia, porque tratándose de materia penal su fallo tendrá efectos retroactivos.
Con ocho votos a favor y tres en contra, el pleno de la Corte señaló que el precepto que tuvo vigencia en el periodo mencionado no delimitó la investigación de delitos específicos, sino que dejó abierta la posibilidad de indagar cualquier acto delictivo.
En 2012, el Congreso de la Unión avaló que los titulares de la Procuraduría General de la República, procuradurías y fiscalías estatales solicitaran información, sin previa orden judicial, a los concesionarios de telecomunicaciones para actuar rápido en las indagatorias relacionadas con delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestros, extorsión y amenazas.
Dos años después, la Corte estableció que las autoridades solo podían ordenar la geolocalización en tiempo real de un aparato celular, sin orden judicial, cuando haya necesidad de proteger la vida e integridad de las personas o cuando esté en riesgo el objeto del delito o cuando este puede desaparecer.
Tras el fallo de la SCJN, el Congreso Federal reformó el código en 2014, señalando que los procuradores o fiscales podían solicitar a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones, la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil “en términos de las disposiciones aplicables”.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dijo que el Congreso “no recogió” ni una de las circunstancias que dictó en su momento la Corte, es decir, cuando corre peligro la vida de la víctima o esté en riesgo el objeto del delito.
El pronunciamiento de la Corte sobre geolocalización derivó de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la CNDH y el Instituto Federal de Acceso a la Información (hoy INAI). m