Tecnología contra inseguridad
Todos los candidatos a la Presidencia de la República presentan el combate a la inseguridad como objetivo central en sus campañas políticas, pero ninguno ha dicho qué tecnología debe usarse para que las fuerzas armadas y policías cuenten con herramientas de intercomunicación incluso con los C4 y C5, el uso de bases de datos al momento, la coordinación con el centro de llamadas 911 y para transferencia de videos y voz.
El punto es crítico porque no se tiene banda ancha en todo el país. La Red Nacional de Radiocomunicación (RNR) o Red Iris funciona con banda angosta y debe actualizarse, como aquí se ha publicado, porque la tecnología quedó obsoleta.
Vicente Roqueñí, director de Desarrollo de Negocios y Ventas para Gobierno de Motorola Solutions México, comentó que el objetivo es que todo lo relacionado con seguridad nacional opere con servicios de banda ancha para incluso consultar bases biométricas, usar teléfonos inteligentes para visualizar videos en tiempo real de cámaras de vigilancia, y mucho más.
“Estamos en transición tecnológica. El gobierno debe decidir entre mantener la obsoleta tecnología Tetrapol, que solo vende un proveedor (Airbus), o permitir tecnología con estándares internacionales y libre competencia de muchos productores (P25) que ya utilizan en el Ejército, la Marina y la Policía Federal, algunos gobiernos estatales, y garantizar la evolución tecnológica”.
Roqueñí destacó que la banda angosta de radiocomunicación continuará 25 años más para ser sustituida por completo, pero que es necesario ir hacia la convergencia de nuevas tecnologías y no a la mera actualización de Tetrapol en un ambiente cerrado, sin competencia.
Cuarto de Junto
Luis Serna dejará esta semana a José Ramón Amieva la Secretaría Particular del Jefe de Gobierno de CdMx en orden y funcionamiento. Será el puente de Miguel Ángel Mancera con empresarios, partidos políticos y líderes de la sociedad para difundir las ventajas del gobierno de coalición... El Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), cuya propiedad está en partes iguales entre los gobiernos de México y Estados Unidos, estudia nuevos proyectos de financiamiento de infraestructura ambiental a lo largo de la frontera común. M