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Es pequeño con el fin de implantarse en el cuerpo y además se carga de forma inalámbrica
Uno de los desafíos para los pacientes en los programas de tratamiento es la falta de herramientas convenientes para la monitorización de rutina. Los alcoholímetros, que actualmente son la forma más común de estimar los niveles de alcohol en la sangre, son dispositivos que no son tan precisos para un paciente, señaló Hall. Un análisis de sangre es el método más exacto, pero debe ser realizado por un técnico capacitado.
Los sensores de alcohol que se pueden usar sobre la piel son una nueva alternativa prometedora, pero pueden eliminarse fácilmente y son de un solo uso. “Un pequeño sensor inyectable, que puede administrarse en una clínica sin cirugía, facilita que los pacientes sigan un curso de monitorización prescrito durante periodos prolongados”, resaltó.
El chip biosensor mide aproximadamente un milímetro cúbico y fue diseñado para consumir la menor cantidad de energía posible: 970 nanowatts en total, que es aproximadamente un millón de veces menos de la energía que consume un teléfono inteligente al hacer una llamada telefónica.
Para estudios futuros se planea probar el chip en animales. El grupo de Hall trabaja con CARI Therapeutics y expertos en adicciones de la en UC San Diego, para optimizar el chip de rehabilitación. El También buscarán adaptarlo para monitorizar otras moléculas y otras drogas en el cuerpo. m
Como anticipamos aquí hace dos semanas, el PRI hizo valer en la Cámara de Diputados la mayoría que tiene —en alianza con PVEM y Panal— para imponer su proyecto de Ley General de Comunicación Social relativo a la “publicidad oficial”. La votación fue de 205 a favor, 168 en contra y cero abstenciones; 80 legisladores no se presentaron o prefirieron retirarse al momento de la votación. PAN, PRD y Morena votaron en contra, aunque dos blanquiazules se sumaron al PRI. Si los 80 diputados faltistas hubieran estado en su curul —hubo ausentes de todos los partidos—, el PRI habría ganado de todos modos, pero de manera más “apretada”. Entre los diputados más conocidos que prefirieron no acudir a la votación figuran el panista Federico Döring y el perredista Guadalupe Acosta Naranjo. En la minuta, aprobada el martes de esta semana (http:// gaceta.diputados.gob.mx/ PDF/63/2018/abr/20180410IV.pdf#page=2), se percibe el objetivo de mantener inalterada la práctica de gastar cifras multimillonarias en publicidad oficial. Se indica en el documento que el dinero destinado a ese fin estará incluido cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero no se establece ninguna cantidad, o porcentaje de ese presupuesto, que fije un límite para tal erogación. Solo se habla de que los gastos de publicidad gubernamental deben cumplir con los requisitos de “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.
Estos requisitos se lograrán, según el PRI, siguiendo los lineamientos que diseñe la Secretaría de Gobernación. Con base en ellos las “dependencias de la Administración Pública Federal” deberán elaborar un “Programa Anual de Comunicación Social” para que Gobernación se encargue de evaluarlo. Adicionalmente, las dependencias informarán a la Secretaría de la Función Pública sobre el monto de los servicios de publicidad que contraten y las personas o empresas con quienes lo hagan. La minuta fortalece las facultades que Gobernación ya tiene para administrar el uso de radio y tv en materia de publicidad oficial. Se indica que en el caso de los medios electrónicos el gobierno insertará sus mensajes en los llamados “tiempos oficiales”, pero se deja abierta la posibilidad de contratar “tiempos comerciales”. Esto ocurriría, según el artículo 18, cuando las dependencias hayan pedido acceso a tiempos oficiales en radio y tv, pero “no estuvieran disponibles… los espacios y tiempos solicitados”. Es decir, si una dependencia gubernamental quiere anunciarse en el Canal 5 a las 18 horas, pero no hay tiempo oficial disponible puede contratar inserciones a tarifas comerciales.
Todos los medios (impresos, electrónicos o digitales) interesados en difundir publicidad oficial deberán inscribirse en un “padrón” cuyo diseño, operación y lineamientos de ingreso estarán a cargo de Gobernación. Aunque en la minuta se indica que las dependencias no deberán rebasar el gasto en publicidad que se les autorice, no se especifica alguna sanción si ello ocurriera. Según el artículo 45, en caso de cualquier infracción a la ley “se dará vista al superior jerárquico y, en su caso, (se) presentará la queja ante la autoridad competente” con el fin de que se determine si proceden sanciones administrativas o “querella ante el Ministerio Público”. Si el “superior jerárquico” se hace de la vista gorda, no pasa nada.
Recordemos que uno de los problemas de la publicidad oficial es, además de su exagerada cuantía, el sobregiro que se registra cada año, como lo demostró el centro de investigación Fundar en septiembre del año pasado. Obviamente el PRI aspira a ganar la elección y continuar con la práctica de gastar cifras estratosféricas en publicidad gubernamental. Si Felipe Calderón gastó 39 mil millones de pesos y Peña Nieto lleva, según calculos, más de 40 mil millones, Meade podría superar los 50 mil millones.
La pregunta es qué pasaría si Morena o la alianza PAN-PRD ganan la elección: ¿serían congruentes y echarían atrás una ley contra la cual votaron, o continuarían con la práctica de gastar miles de millones en publicidad gubernamental? La minuta con el proyecto de Ley General de Comunicación Social irá al Senado de la República donde el PRI, quizá con un poco de más dificultad, también la hará pasar seguramente. m