De un repunte en enfermedades cancerígenas ligadas con una explosión de malatio en el 2000. Para mitigar los daños, se creó un plan, pero activistas señalan su ineficacia. Autoridades locales reclaman más recursos
En 2012 se alertó
Refinería, termoeléctrica y otras empresas también contribuyen al deterioro ambiental, señalan
En el año 2000, Isabel Torres y otros habitantes de las colonias Presa y La Cruz, en Salamanca, Guanajuato, respiraron aire contaminado por una explosión de malation, un insecticida organofosforado sintético, que utilizaba la empresa Tek-chem, una fábrica de pesticidas que se instaló en el lugar a mediados de los años 50.
Isabel era maestra de secundaria y recuerda aquella tarde, cuando “se escuchó un estruendo y nos pidieron que volviéramos a nuestras casas, olía muy extraño, como a podrido, pero sobre todo se sentía que picaba, como si inhaláramos chile muy picante”.
Las autoridades, dice Isabel, “en ese momento no nos dijeron nada, hasta la noche pasaron personas de Protección Civil que nos pidieron que nos bañáramos, aunque para ese momento mi cuerpo ya había absorbido el químico”.
Un año después de la explosión a Isabel le diagnosticaron leucemia, “los químicos se fueron a mi sangre y desde entonces llevo unas 12 intervenciones quirúrgicas, sin contar los largos procesos de quimioterapia”.
Los médicos —explica Isabel a su 61 años— “me dijeron que la leucemia se desarrolla porque la sangre se contamina, pero nunca quisieron reconocer públicamente que mi enfermedad era por los desechos tóxicos de la empresa”.
Apenas el año pasado, 17 años después, las autoridades municipales y estatales removieron un porcentaje del material contaminado y cercaron el terreno donde se ubicaba la empresa, pero el riesgo sigue ahí pues 10 mil toneladas de azufre contaminado continúan expuestas a cielo abierto.
Los restos de la fábrica son uno de los cientos de problemas de contaminación que padecen en este lugar. Salamanca, es la tercera ciudad en el país más contaminada, pese a tener poco más de 300 mil habitantes, muy por debajo del casi millón de residentes en Toluca, que es la segunda ciudad más contaminada y muchos menos que Monterrey, la urbe más contaminada del país, pero donde viven casi cuatro millones de personas.
Esa acción de cercar la zona fue parte de lo acordado en el Plan Salamanca, una serie de acuerdos pactados por los gobiernos federal, estatal y local para reducir el impacto ambiental de la industria. El Plan Salamanca también surgió en 2012 por la exigencia de organizaciones civiles, como Humanos Por Amor a la Madre Tierra y Valle Lerma, quienes alertaron a las autoridades federales de un repunte en las enfermedades cancerígenas como la enfermedad de Isabel.
En 2012 en Guanajuato, la principal causa de morbilidad hospitalaria entre la población fue el cáncer. Durante 2012, más de 50 por ciento de los hombres menores de 20 años que egresaron de un hospital en Guanajuato fue por cáncer, debido a leucemia.
Las autoridades municipales denuncian que el Plan Salamanca no ha sido cumplido en su totalidad y a casi seis años de su creación, la única acción que ha realizado es la remoción de escombros de la empresa Tek-chem, pese a que contempla al menos siete acciones.
“El gobierno federal anunció acciones en varios puntos y pues si esperamos que la Semarnart tenga resultados más puntuales, porque no hemos recibido ninguna noticia”, afirma María del Carmen Mejía Alma, secretaria del Medio Ambiente en Salamanca.
Mejía señala que el gobierno federal ha incumplido con la dotación de recursos para contrarrestar el impacto ambiental de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, la termoeléctrica y otras empresas en la zona.
“Es importante recalcar que sin un recurso puntual para el Plan Salamanca, que a la fecha no existe, el único recurso que se ha ejercido es el que ya existía desde hace mas de 15 años en el mandato de Tek-chem y ese no es un recurso nuevo”, recalca María del Carmen.
El subprocurador de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Arturo Rodríguez Abi- tia, coincidió con Carmen Mejía y reconoció que la resolución de los problemas de contaminación que se viven en Salamanca es también una tarea que requiere de mucha voluntad política.
“El principal problema es la antigüedad de la instalación petrolera y eso requiere de una inversión muy importante para modernizar la refinería porque lo demás, todo lo demás vienen a ser pequeños actos que resuelven una cosa, como lo fue Tek-chem pero no el problema de fondo”, dijo Rodríguez Abitia.
En la revisión y auditoría, hay muchos actores involucrados, especialmente en Salamanca, señaló el funcionario. Por ejemplo, dijo, “el desempeño ambiental de la refinería tiene que ser vigilado por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)”.
El organimo fue creado hace dos años y en Salamanca “ni han llegado los funcionarios. Nos pidieron un espacio para que pudieran trabajar, las cumplimos con todas las condiciones que nos pidieron y es fecha que cada vez que hay una explosión en la refinería, nosotros tenemos que atender, porque aquí los de ASEA no se han aparecido”, acusó Mejía.
Otro problema tiene que ver con la contaminación de las empresas particulares. La Federación “atiende solo 11 giros industriales que son los más grandes como las fundiciones, la siderurgia, la minería y papelera”.
Profepa es responsable del monitoreo de 200 mil empresas en el país, su capacidad de inspección es solo de 6 mil, y menos de 10 ciento de las que realiza son motivadas por la denuncia y de ese porcentaje, la mitad, no son de su competencia.
La procuraduría ambiental inspeccionó a 125 empresas en Salamanca y sancionó 60 por ciento.
“Hay empresas que han venido mejorando gradualmente que no necesariamente ha sido el caso de la refinería y esto ha generado efectivamente un problema de calidad ambiental muy serio dentro de Salamanca”, dijo la funcionria.
Sin la voluntad política de todos los actores, enfermedades como la que padece Isabel, podrían seguirse presentando. m