Jalisco: ombudsman pide quitar bienes a criminales
“Luego nos enteramos que los detenidos no son procesados y son liberados”, advierte el titular de la Comisión de Derechos Humanos
Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, solicitó que todos los bienes que provengan de las actividades criminales sean resguardados y asegurados por las autoridades, porque la finca La Cabaña, donde los tres jóvenes estudiantes de cine desaparecidos hicieron su tarea, ya se había registrado como propiedad de grupos delincuenciales.
En entrevista con Carlos Marín para el El asalto a la razón, el ombudsman estatal aclaró que la CEDHJ no solicitó que los bienes de Edna Judith “N”, tía de Salomón Aceves, uno de los jóvenes desaparecidos, se le regresaran.
Explicó que no abogó por los bienes de Edna, sino que sus declaraciones las sacaron de contexto, “por lo general cuando alguien acude a la defensoría de derechos humanos actuamos bajo el principio de buena fe y en todos los casos pedimos de forma automática que todas las actuaciones de las autoridades sean apegadas a derecho, de tal manera que se evite la discrecionalidad y, más aún, que con una actuación indebida los responsables queden impunes”.
Por eso, la petición de asegurar los bienes de la delincuencia, de lo contrario, cómo se puede “tener la certeza de que se están desmantelando a estos grupos, si siguen operando con recursos”.
A las autoridades, dijo, se les ha expuesto que se “debe de garantizar el derecho de las víctimas, porque si te equivocas va en detrimento de la gente que está sufriendo, en muchas ocasiones hay autoridades que se exceden y abusan del poder; están sancionado y reciben el aplauso de la comunidad, pero luego nos enteramos que las personas que detienen no son procesadas y son liberadas”.
Sobre la labor de la CEDHJ en el caso de los tres jóvenes que fueron supuestamente diluidos en ácido, señaló que “su posición es muy clara: respaldo a las víctimas que son los familiares. Ellas tienen el derecho de decidir si requieren algún tipo de peritaje autónomo e independiente”.
Aseguró que el secuestro de los estudiantes “nos lleva a una reflexión, miles de jóvenes se están dedicando a actividades delictivas, como un proyecto de vida, ese es el problema de fondo, es lo que pasa en Jalisco y tiene que ver con la desaparición de personas, una de las acciones criminales más crueles e inhumanas que pueden existir”.
Alerta por cifras
El ombudsman de Jalisco indicó que la desaparición de personas en la entidad es la tercera a escala nacional, pues según cifras de la fiscalía hay 3 mil 206 desaparecidos, el registro nacional tiene 3 mil 60 y la organización Fundec más de 3 mil 700.
Por ello, la CEDHJ emitió en marzo una recomendación, con 65 puntos, en la que solicita “crear un mecanismo de alertas municipales, regionales y estatales para identificar el nivel de la amenaza. “Además desarrollar mecanismos de comunicación y dar respuesta para una efectiva localización de desaparecidos, porque en la entidad hay zonas que se vuelven de excepción. “También se deben fortalecer los servicios forenses con una estructura autónoma, presupuesto suficiente y con mecanismos de evaluación, así como la reparación integral a las víctimas”.
La mayoría de los desaparecidos, expuso, son jóvenes entre los 15 y 34 años, en su mayoría son hombres.
En la recomendación se identificó que existen municipios con una alta incidencia de desapariciones como Cihuatlán, con 36 hombres y cuatro mujeres; La Huerta, con 43 hombres y cuatro mujeres; Casimiro Castillo, 29 hombres y una mujer; Autlán Navarro, 49 hombres y siete mujeres, entre otros que están en un “cinturón rojo” de poblaciones donde operan grupos delincuenciales.
Detalló que hay 12 municipios en los que no se encuentra ningún registro, lo que no significa que no se realicen, sino que tienen miedo de denunciar. m
Asegura que su posición es muy clara: “Respaldo a las víctimas, como son los familiares”