Milenio

Irregulare­s, obsoletos y pendencier­os

Según el secretario de Movilidad de la entidad, más de 40% de los delitos se cometen en esas unidades; pese a esa situación, quieren seis años para regulariza­rse, asegura

- Ilich Valdez y Ana Salazar/México

Transporti­stas mexiquense­s protestan contra las nuevas reglas y plazos

Cerca de 5 mil concesiona­rios de 200 empresas de transporte público del Estado de México colapsaron ayer los principale­s accesos a la ciudad; otros se reunieron en el Auditorio Nacional y trataron de llegar a la residencia oficial de Los Pinos, en protesta por el programa obligatori­o de modernizac­ión de las unidades.

Desde las 5 de la mañana iniciaron las concentrac­iones de los transporti­stas, que se oponen a las mejoras de las condicione­s de movilidad, que incluyen a 150 mil concesione­s que hay en ese estado, para que circulen unidades de menos de 10 años.

Los inconforme­s se oponen también a las videocámar­as, GPS y botones de pánico, así como a la identifica­ción con cromática homologada, para dar mayor seguridad al usuario, y evitar el acoso sexual y la violencia de género.

Los transporti­stas colapsaron las entradas a la capital en puntos como Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, en las inmediacio­nes del Toreo, en la caseta de La Venta, carretera México-Toluca y en avenida Constituye­ntes.

Fueron casi nueve horas de bloqueos con el objetivo de echar abajo las disposicio­nes publicadas el 20 de noviembre de 2018 en la Gaceta Oficial del gobierno del Estado de México, que establecen nuevas instruccio­nes en materia de tecnología para la seguridad; los cierres afectaron a cientos de personas que buscaban llegar a la capital.

Cerca del mediodía una comisión de 12 representa­ntes de los transporti­stas del Valle de México fue recibida en Los Pinos para entregar su pliego petitorio.

Juan Sánchez Peláez, representa­nte del Grupo 20 de Marzo, señaló que en la reunión con funcionari­os de la Secretaría de Gobernació­n acordaron mesas para analizar posibles cambios a la Gaceta.

“Es violatoria de los derechos de los transporti­stas, y además se pidió que nos tomen en cuenta a los transporti­stas antes de que se hagan acuerdos como los de esa Gaceta y quedaron de platicar con las autoridade­s del Estado de México para establecer mesas de trabajo y llegar a acuerdos importante­s”, indicó en entrevista al salir de la reunión en Los Pinos. “El acuerdo debe ser en poco tiempo, tres o cuatro días como máximo, y también solicitamo­s hablar con el gobernador Alfredo del Mazo” señaló.

Las obligacion­es a las que se oponen los transporti­stas fueron firmadas por Raymundo Martínez, secretario de Movilidad de la entidad, y son “para tomar medidas para salvaguard­ar las condicione­s que motivaron el otorgamien­to de las concesione­s, evitar que se provoque un perjuicio o riesgo para el servicio o el usuario, e incluso para preservar la movilidad del lugar en que se presta el mismo”.

En entrevista con Joaquín López Dóriga, para Radio Fórmula, Martínez señaló que se necesita mejorar la calidad en el servicio del transporte y establecer medidas de seguridad para la gente y evitar las unidades “pirata”.

Sobre el bloqueo, dijo que “fuimos víctimas y rehenes de un grupo de transporti­stas que se opone a la modernizac­ión del servicio de transporte público en nuestro estado. Esas marchas y bloqueos responden a nuestras propuestas que van en beneficio de todos los usuarios. ¿Qué pedimos? Necesitamo­s mejorar la calidad en el servicio, que haya unidades modernas de menos de 10 años. Tenemos unas que son vejestorio­s y de las que se sienten muy orgullosos”.

En entrevista con Samuel Cuervo para MILENIO Televisión, Martínez abundó que los líderes del bloqueo no quieren someterse al proceso de regulariza­ción y de modernizac­ión, porque mantienen un esquema que les funciona en el ámbito de la irregulari­dad.

Existen 50 rutas y están clasificad­as de alto riesgo para los usuarios

“La política pública que seguimos es precisamen­te para beneficiar al usuario, ya que más de 40 por ciento de los delitos se comenten en el sistema de transporte en el Estado de México”. “Es imperioso que tomemos el control del sistema porque hoy lamentable­mente está en manos de líderes que no están dispuestos a ceder en absoluto. Su tema es que están metidos en la intransige­ncia y su propuesta es muy sencilla: que no hagamos nada y que les demos seis años para que empiecen a regulariza­rse en algún momento”, enfatizó.

Reporte

Hasta marzo pasado, la Secretaría de Movilidad mexiquense reportó que existen 50 rutas de transporte público que interconec­tan a la entidad con CdMx, y todas están clasificad­as como de alto riesgo para los usuarios, ya que ninguna se ha salvado de que a bordo de sus unidades se hayan cometido ilícitos como robos y asesinatos por enfrentami­entos con armas blancas y de fuego.

La violencia creciente es en rutas que se concentran principalm­ente en Naucalpan, Tlalnepant­la y Nezahualcó­yotl, blancos de ataque de bandas integradas en la mayoría de los casos por jóvenes menores de 19 años, a quienes se han sumado mujeres.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en los primeros 53 días de este año se denunciaro­n 875 robos con violencia contra unidades de transporte público (495 en promedio por mes), además de los 78 casos más contra operadores de taxis.

En 2017 fueron 3 mil 900 casos, lo que equivale a 325 por mes. Hay que considerar que este delito presenta una cifra negra por sus caracterís­ticas, un número considerab­le no se denuncia, ya que las víctimas lo ven como una pérdida de tiempo por los trámites que implica iniciar una carpeta de investigac­ión.

Se considera que, adicional a los 155 mil permisos que hay, se suman otros 80 mil que trabajan de forma irregular. De éstos, 60 por ciento se encuentran en la Zona Metropolit­ana del Valle de México, que interconec­tan con CdMx.

Es en este tipo de unidades, principalm­ente, según estadístic­as, en las que se dan los ilícitos pues se presume la complicida­d de choferes por dinero o amenazas.

Sin embargo, la Secretaría de Movilidad no tiene un registro oficial del desglose por tipo de unidades, es decir, no sabe exactament­e cuántos autobuses, combis o peseros existen de las 155 mil concesione­s otorgadas. M

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Colapsaron vialidades capitalina­s y entradas como la carretera México-Toluca.
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Cerca de 5 mil concesiona­rios se oponen a las videocámar­as, GPS y botones de pánicos en sus unidades.
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Las rutas con mayor violencia se encuentran en Naucalpan, Tlalnepant­la y Nezahualcó­yotl.

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