Pactan una tregua de 48 horas en Nicaragua
Autoridades se comprometen a retirar de las calles a policías y grupos de choque para favorecer el diálogo con la sociedad civil
El gobierno de Nicaragua se comprometió este viernes a retirar de las calles a la policía, fuerzas de choque y activistas sandinistas como parte de una tregua de 48 horas acordada con los manifestantes que iniciaron protestas hace un mes.
El texto del acuerdo fue anunciado por el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal, al concluir la primera sesión de trabajo del diálogo nacional instalado el pasado miércoles y del cual los obispos son mediadores. “Todos los sectores se comprometen a realizar una tregua el sábado 19 y domingo 20, en la que el gobierno se obliga a retirar a sus cuarteles a la policía, a retirar las fuerzas de choque y simpatizantes”, indicó el documento.
Por su parte, la sociedad civil “deberá aunar esfuerzos para propiciar mejores condiciones al diálogo, normalizar el tránsito y continuar (el diálogo) en un mejor clima el lunes 21 mayo”, agregó.
El cardenal dijo que el acuerdo se tomó en vista de “la urgencia por detener los actos de violencia” que en 30 días se han cobrado la vida de decenas de personas en el país y han dejado pérdidas de 650 millones de dólares a la economía, según especialistas.
El pacto aclara que “todos los sectores reconocen la necesidad imperiosa de derecho de reunión, manifestación y protesta cívica y pacífica”, por lo cual se permitirá a las partes realizar este tipo de actividades. El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, dijo que los representantes del presidente Daniel Ortega en el diálogo se comprometieron a “detener toda manifestación violenta de parte de sus activistas”. Agregó que, por su lado, los estudiantes se comprometieron a retirar los “tranques” (bloqueos de tránsito) pero se acordó que no desalojarán por el momento dos universidades donde decenas de jóvenes permanecen atrincherados desde hace un mes.
El acuerdo se logró en el primer día de trabajo del diálogo nacional, al que no asistió Ortega y que coincidió con la llegada al país de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
En una declaración, la delegación de la CIDH demandó al gobierno el “cese inmediato de la represión de las protestas” y lo instó a “adoptar las medidas necesarias de carácter urgente para garantizar el libre ejercicio del derecho de reunión pacífica y participación política de todos los nicaragüenses”.
La CIDH también reiteró su “condena más enfática a las muertes, desapariciones, agresiones y detenciones arbitrarias de manifestantes, activistas y periodistas. “Instamos a las autoridades a investigar diligentemente estos hechos, juzgar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, añadió el informe.
La jefa de la misión de 11 funcionarios, la chilena Antonia Urrejola, relatora especial para Nicaragua, dijo que durante cuatro días se reunirán con representantes de entidades del Estado, de la sociedad civil y otros actores como estudiantes.
La crisis comenzó el 17 de abril con una protesta estudiantil contra una reforma al Seguro Social, que aumentaba las cuotas de empresas y trabajadores, y se profundizó tras la violenta acción de policías y paramilitares contra manifestantes.
El gobierno de Ortega reconoce 18 fallecidos durante la crisis, pero organismos de derechos humanos independientes reportan 66 muertos y más de 540 heridos. m