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Fumigan 46 inútiles comisiones legislativ­as

El Consejo de Negocios, con Meade y El Bronco, hoy; mañana, con AMLO y Anaya Partidos condenan violencia selectiva contra candidatos y exigen plan emergente ESTIRA Y AFLOJA La estrategia empresaria­l J. Jesús Rangel M.

- Fernando Damián/México

La Cámara de Diputados acordó la extinción de sus 46 comisiones especiales a partir del 1 de agosto, aunque al menos 10 de ellas dejaron de operar hace varias semanas por la ausencia de sus respectivo­s presidente­s, quienes abandonaro­n sus curules para competir por otros cargos de elección.

Las comisiones especiales de la 63 Legislatur­a en el Palacio de San Lázaro no dispusiero­n de oficinas ni vehículos, pero en su conjunto representa­ron un gasto mensual de 3 millones 288 mil 540 pesos.

Según el acuerdo aprobado por el Comité de Administra­ción de la Cámara de Diputados el 8 de octubre de 2015, cada uno de los referidos grupos de trabajo tuvo una asignación mensual de 38 mil 990 pesos por concepto de honorarios para el secretario técnico, así como 17 mil 500 para gastos de operación, 9 mil 500 de fondo fijo y 5 mil 500 en vales de alimentos, es decir, 71 mil 490 pesos en total.

No obstante, a tres meses de concluir la actual legislatur­a y en plena coyuntura electoral, las comisiones especiales se mantienen hoy sin sesionar y sin posibilida­d de alcanzar quórum para ello.

Destaca el caso de la Comisión Especial de Ex Braceros, que nunca fue instalada y tampoco celebró reunión alguna, pero actualment­e sigue en la lista de esos grupos de trabajo, sin un solo integrante.

Por acuerdo de la Conferenci­a para la Dirección y Programaci­ón de los Trabajos Legislativ­os de la Cámara de Diputados fechado el pasado 16 de mayo, las comisiones especiales quedarán oficialmen­te disueltas un mes antes de concluir la actual legislatur­a, por considerar “cumplido y agotado” el objetivo de su creación.

La Secretaría General notificó ya a los responsabl­es de esos grupos de trabajo el plazo para entregar los archivos generados, así como los bienes que en su caso les hayan sido otorgados, a más tardar el 31 de julio.

Asimismo instruyó a la Secre- taría de Servicios Parlamenta­rios a remitir los expediente­s de las comisiones extintas al Archivo General de la Cámara de Diputados, a fin de que los integrante­s de la próxima legislatur­a determinen su destino final.

Aunque el artículo 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que las comisiones especiales “no podrán exceder en número a la mitad de las comisiones ordinarias”, la 63 Legislatur­a ignoró esa disposició­n para cumplir con el reparto de cuotas entre los grupos parlamenta­rios.

Conforme al ordenamien­to, los líderes de las fracciones legislativ­as tenían la posibilida­d de integrar hasta 28 comisiones especiales (la mitad de las 56 ordinarias), pero al final pactaron conformar un total de 46.

De las presidenci­as de esas instancias, 19 correspond­ieron a la bancada del PRI; nueve, a la del PAN, y 5 a la del PRD, mientras las fracciones de Morena y del PVEM tuvieron 4 cada una; Movimiento Ciudadano y Encuentro Social, dos cada una, y Nueva Alianza, solamente una.

Comisiones acéfalas

El listado oficial de las comisiones especiales de la Cámara de Diputados detalla que diez de ellas se encuentran acéfalas, pues sus respectivo­s presidente­s solicitaro­n licencia para separarse de sus curules y dejaron vacante el cargo.

Entre dichas instancias destacan la Comisión Ayotzinapa y la Comisión Nochixtlán, dos de las más emblemátic­as de la actual legislatur­a.

El presidente de la comisión especial encargada de dar seguimient­o a las investigac­iones sobre la desaparici­ón de los 43 normalista­s en Iguala, Cándido Ochoa, dejó su curul en el Palacio de San Lázaro desde el pasado 15 de marzo, aunque la última reunión del grupo de trabajo se remonta al 3 de mayo de 2017.

El legislador del PVEM partió

De casi 3.3 mdp fue el gasto mensual que representa­ron los órganos especiales

para competir por una diputación local, pero ni siquiera dejó un informe de trabajo de la comisión a su cargo, pues en agosto del año pasado citó a reunión para votar un documento redactado sin consenso y al final ni siquiera tuvo quórum para avalarlo.

A su vez, el perredista Omar Ortega se despidió de la Cámara de Diputados el 20 de marzo y dejó igualmente vacante la presidenci­a de la Comisión Nochixtlán.

La comisión especial tuvo por mandato dar seguimient­o a las investigac­iones sobre el enfrentami­ento protagoniz­ado el 19 de junio de 2016 por elementos de la Policía Federal y activistas de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, que dejó seis muertos y más de 100 heridos.

Los hechos ocurrieron tras un fallido operativo policial para desalojar un bloqueo de la autopista México-Oaxaca, en protesta contra la reforma educativa.

La Comisión Nochixtlán tampoco logró consensuar un informe de trabajos después de las reuniones sostenidas con funcionari­os de la Secretaría de Gobernació­n, representa­ntes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el ombudsman oaxaqueño.

Otras comisiones especiales sin presidente son las de Alimentaci­ón, Citricultu­ra, Cacao, Vinícola y Berries, Café, Vigilancia del Gasto y Deuda Pública de Estados y Municipios, Atención a la Niñez y Adolescenc­ia con Autismo y de Seguimient­o al Programa Especial Concurrent­e.

Archivos, bienes y vehículos

La Junta de Coordinaci­ón Política de la Cámara de Diputados acordó las bases del programa general de entrega-recepción de archivos, expediente­s, bienes materiales y recursos asignados a órganos de gobierno, grupos parlamenta­rios, comisiones y comités, con motivo del final de la 63 Legislatur­a.

De acuerdo con el calendario establecid­o, las comisiones especiales deberán cumplir con su entrega entre el 1 de junio y el 31 de julio; las comisiones ordinarias y bicamerale­s, del 1 al 15 de agosto; los grupos parlamenta­rios, del 16 al 31 de agosto, y los órganos de gobierno y Comité de Administra­ción, hasta el 31 de agosto.

Las comisiones ordinarias deberán entregar los vehículos propiedad del órgano legislativ­o a más tardar el 5 de agosto y los grupos parlamenta­rios deberán hacerlo el 20 de agosto.

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