El Poder Judicial, la última trinchera
Apocos días de las elecciones sería saludable escuchar de los cuatro candidatos presidenciales algunos errores de la actual administración, sus posibles rectificaciones, así como destacar los principales avances atribuibles al impulso gubernamental y al acompañamiento que para lograrlos ha hecho la sociedad. Pero no, han prevalecido la descalificación entre adversarios y el autoelogio.
En este orden de ideas, debemos aceptar que dentro de los avances logrados en los últimos tiempos (con apoyos y resistencias gubernamentales, así como de grupos opositores, académicos, universidades, litigantes, organismos no gubernamentales y de la llamada
sociedad civil, esa que no se sabe bien quiénes la integran) hallamos uno de la mayor importancia: la creación y puesta en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Hablamos de una nueva fórmula de entender y de tratar de hacer valer, en México, la función punitiva y reparadora del Estado, ante conductas típicas consideradas delictuosas (sin desconocer los efectos disuasivos que busca). Ello explica el nacimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales.
No fue rápido ni sencillo. Las reformas constitucionales se publicaron en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008 (antes que iniciara la actual administración) y fue hasta el 5 de mayo de 2014 en que apareció en ese diario el nuevo código antes mencionado, pero estableciendo de manera paulatina su entrada en vigor, comenzando en Durango y Puebla, el 24 de noviembre de 2014, y siendo la última para Baja California, Jalisco, Guerrero, Tamaulipas y el Archipiélago de las Islas Marías, el 14 de junio de 2016.
Son reconocidos el avance cultural de su contenido y la nobleza de sus propósitos. Sin embargo, se escuchan reclamos que exigen cambios y aún volver al pasado. Ello es explicable, porque la violencia, la corrupción y la impunidad van —y se perciben— en aumento, y la población se siente inerme ante la delincuencia en sus múltiples manifestaciones.
El problema es que en este país, con analfabetas en todas las escalas sociales, todo se espera de la ley. Por sí debe dar resultados, sin dotarla de recursos indispensables y aunque se le viole sistemáticamente por gobernantes y gobernados. Eso, idiota y perverso, es parte del paisaje: promulgar leyes, violarlas y sustituirlas.
Los datos empíricos señalan la necesidad de hacer modificaciones al nuevo código, pero no menos urgente es proveer al nuevo sistema de los recursos humanos y presupuestales para su debido funcionamiento. Su desafío es colosal y su precariedad evidente.
No olvidemos que para reducir la barbarie que padecemos —y contener la que se avecina— la última y eficaz trinchera es el Poder Judicial. Limpiarlo y fortalecerlo es prioridad nacional.