Borrando huellas
Muna Dora Buchahin, directora general de Au- ditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fue separada de su cargo hace unos días, el 23 de mayo. Esta funcionaria fue el artífice de señalar y fundamentar graves irregularidades que se conocieron, como La estafa maestra, ese desvío multimillonario que tuvo su origen en la Secretaría de Desarrollo Social, cuando Rosario Robles era su titular. Su despido fue por instrucciones superiores del titular de la ASF, David Colmenares, un antiguo colaborador del candidato Meade y un personaje cercando al PRI. Su “error” fue haber documentado un caso de corrupción de alto nivel que involucró a la dependencia referida, así como a diversas universidades públicas y un buen número de empresas fachada.
Buchahin coordinaba actualmente ocho auditorías forenses, dos de ellas relacionadas con convenios celebrados entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y varias universidades públicas. El monto del desvío se estimó en 257 millones de pesos, descubiertos a finales de 2017: el mismo modus operandi aplicado en la Sedesol.
La funcionaria demandó una explicación de su retiro, “conocer con precisión las razones para separarla del cargo” que desempeño desde 2008. Como se anotaba líneas arriba, la respuesta tajante recibida fue “por instrucciones superiores”.
Sin duda se trata de un atropello. Un servidor público comprometido con su trabajo no es bien visto en nuestro escenario político cuando denuncia la marca distintiva de esta administración presidencial: la corrupción. El problema se agrava porque las irre- gularidades encontradas abarcan a una secretaria de Estado (Robles), rectores de universidades y, directa o indirectamente, al candidato Meade, cuya principal divisa de campaña es la honestidad.
Meade sustituyó a Robles en la Sedesol por un periodo de ocho meses. Pese a que las irregularidades estaban expuestas, hizo caso omiso de las mismas. De nada se le puede acusar a Meade, excepto de no profundizar en las finanzas de la secretaría que tuvo a su cargo.
Dado el panorama electoral adverso que mantiene contra las cuerdas al PRI y a su candidato, para no mencionar el presidente Peña, se podría afirmar que las últimas auditorías que hizo Buchahin, de hacerse públicas, serían una bomba de demolición que terminaría sepultando al PRI. Por tanto, se hacía necesaria una operación “limpieza”, borrar las huellas de los ilícitos. Sin embargo, el despido de la funcionaria de la ASF, en vez de ocultar una irregularidad, entre tantas, puede tener el efecto contrario: hacer más visible el caso, encontrar más responsables y, sobre todo, conocer el destino de los cuantiosos recursos desviados.
Buchahin señaló, además, que mientras estuvo a cargo de su puesto afectó intereses y personajes de la vida política nacional. Por ello, existe la preocupación de su integridad. El caso demuestra que las prácticas autoritarias e injustificadas siguen siendo un ingrediente fundamental de nuestro sistema político. Ojalá sepamos, para no especular, las verdaderas razones del despido, pues no basta un simple “por instrucciones superiores”. Así no se borran las huellas de los ilícitos. M