La piratería se combate sin simulación
Hace un año se prohibió en México la importación y comercialización del aparato receptor de contenidos por internet (streaming) llamado Roku; este dispositivo permitía que con un televisor y acceso a internet se pudiesen consumir contenidos “libres” o de ciertas plataformas; el punto de ilegalidad estuvo en que la configuración técnica del aparato se puede hackear para consumir ilegalmente contenidos protegidos por derechos de autor.
Instrumentos como Roku favorecen la piratería y propician que las audiencias conviertan su receptor de contenidos, sin saberlo, en un transmisor de audiovisuales piratas. Roku dice que no es el único dispositivo que se puede hackear, que es una firma comprometida en combatir la piratería y que sus aparatos y sistemas tienen programas de seguridad para evitar su mal uso; en pocas palabras, piensa que el uso ilegal de su equipo no es su responsabilidad.
La batalla legal y la manifestación de múltiples organizaciones ha logrado que jueces locales y federales mantengan la restricción para que los aparatos Roku se comercialicen; son decisiones judiciales acertadas, basadas en que el interés público está por encima del interés privado de una sola persona que desea vender aparatos que fomentan la piratería y constituyen vías para la delincuencia.
A Roku poco le importa que su caja decodificadora sea un instrumento para que los ciberdelincuentes instalen sitios web de transmisión de películas o series con malware que podría utilizarse para robar los datos personales, incluidas las contraseñas y cuentas bancarias de quienes, ingenuamente, piensan que es gratis.
Tampoco le interesa que haya un sistema de protección de audiencias obligatorio en televisión —abierta y restringida— para proteger, principalmente a niños, de contenidos inapropiados; mucho menos está preocupado por los derechos de autor de productores, músicos, actores, escritores y guionistas involucrados en la creación de una serie, película o programa televisivo.
Los litigios continúan. Se espera que los jueces mexicanos sigan considerando la piratería un delito grave que tiene víctimas, que el interés público y social de las audiencias está por encima del privado, que la ilegalidad atrae otras actividades ilícitas como el robo de identidad o fraude, y que las empresas están sujetas a un principio de responsabilidad social, que no es ajeno a las libertades que han gestado el desarrollo del internet.
La piratería se combate con acciones preventivas, no cuando el niño cayó al pozo y quiere taparse.