Auditorías estatales, sin independencia: OCDE
“La subordinación de las legislaturas a los gobernadores”, de los principales obstáculos
Recomienda hacer reformas legales para lograr la independencia en las fiscalizaciones
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que a casi un año de que entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aún persiste la falta de independencia en auditorías superiores de los estados, con respecto de los gobernadores o de los Congresos locales, para combatir la corrupción.
Así lo destacó el documento titulado “Informe de Avances sobre la Implementación del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) en México”, entregado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el pasado 8 de junio, en el que señaló: “En el ámbito local, los problemas de independencia y capacidad técnica son graves”.
El organismo recordó que en septiembre pasado, 15 de los 32 estados no habían adoptado su ley sobre fiscalización superior, que forma parte de la legislación secundaria de la reforma anticorrupción, “y algunos gobernadores tenían poder de decisión sobre asuntos internos de las entidades de fiscalización lo cual puede socavar la independencia de las mismas”.
El texto analiza los avances en las recomendaciones for- muladas en un primer informe, publicado en octubre de 2017, en el que identificó que uno de los principales obstáculos para una fiscalización independiente en los estados es “la subordinación de las legislaturas a los gobernadores, por falta de controles y equilibrios impuestos a los gobernadores por los poderes Judicial y Legislativo, organismos autónomos, sociedad civil o la prensa; por tanto, las amenazas a la independencia política pueden contaminar la programación de auditoría, la decisión de realizar ciertas revisiones y la objetividad de hallazgos”.
Para lograr independencia, la OCDE recomendó aplicar reformas legales, aunque consideró que haya oposición a las mismas, por lo que sugirió formar coaliciones entre las partes interesadas para generar apoyo y efectuar los cambios.
Indicó que se debe eliminar la disposición que obliga al Congreso local aprobar decisiones internas de la auditoría local, eliminar la posibilidad de que el Congreso le recorte el presupuesto, eliminar impedimentos para hacer públicos los informes anuales de las auditorías estatales y transparentar los motivos por las que los diputados decidan destituir a los auditores. m