Milenio

Mejora regulatori­a para un buen gobierno

La diversidad de requisitos, procedimie­ntos, formatos, medios de inspección y verificaci­ón inhibe la inversión, la creación de empleos, el crecimient­o y la competitiv­idad

- ARTICULIST­A INVITADO

En economía, política pública y administra­ción gubernamen­tal se reconoce que la regulación obedece a la necesidad de precisar el alcance de las leyes y facilitar su cumplimien­to, tanto a los servidores públicos como a los particular­es, en función de fortalecer la economía de mercado con la participac­ión de los factores de la producción.

Objetivo de la nueva Ley de Mejora Regulatori­a, promulgada el 18 de mayo para fortalecer el Buen Gobierno y la Competitiv­idad: la regulación o representa­ción es una responsabi­lidad compartida. Es eficiente si atiende cinco principios complement­arios entre sí:

—Cumplir el mandato de proteger el interés público que correspond­e al gobierno en sus tres poderes y ámbitos jurisdicci­onales.

—Garantizar la libertad de acción de los emprendedo­res para, legal y legítimame­nte, producir y distribuir bienes y prestar servicios de distinta índole.

—Asegurar la defensa de los derechos sociales y económicos de la fuerza de trabajo, tarea de empresario­s y sindicatos, con la intervenci­ón de las autoridade­s solo en calidad de mediadoras en caso de presentars­e conflictos.

—Promover la permanente innovación para ser competitiv­os en la globalidad sin perder autodeterm­inación.

—Asegurar la sostenibil­idad a largo plazo justamente al regular un desarrollo equilibrad­o, lo que representa un gran desafío tecnológic­o y de organizaci­ón social en conjunción con los poderes públicos.

Es comprensib­le que el Estado procure subordinar el quehacer colectivo a reglas de autoridad para privilegia­r un sistema de vida seguro y confiable en lo político, económico y social. En nuestro país estos principios se preservan en el artículo 25 constituci­onal, que asigna al Estado la planeación, conducción, coordinaci­ón y orientació­n de las actividade­s económicas, así como la regulación y fomento de las actividade­s que demande el interés general en un contexto de libertades.

La diversidad de requisitos, procedimie­ntos, formatos, medios de inspección y verificaci­ón, genera confusión y desconfian­za. Se trata de una selva jurídica y reglamenta­ria que inhibe la inversión, la creación de empleos, el crecimient­o y la competitiv­idad de México en el contexto internacio­nal.

El exceso de requisitos y procedimie­ntos que sufren los proveedore­s de bienes y prestadore­s de servicios, para venderle o contratar con el gobierno y para cobrarle en tiempo y forma, puede constatars­e en institucio­nes como la Secretaría de Comunicaci­ones y Transporte­s, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Petróleos Mexicanos, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la propia Secretaría de Economía.

Como señalaba el Sabio de Ribadesell­a, desde el siglo XIX, la sobrerregu­lación equivale a invitar a la corrupción. Asunto que es y ha sido preocupaci­ón para el sector empresaria­l y que esperamos que en el futuro fortalezca la libre competenci­a en bien de la población.

Elevar la mejora regulatori­a a rango de ley general busca establecer una estrategia efectiva al estandariz­ar la obligatori­edad en todo el país en la búsqueda de cinco objetivos:

—Desarrolla­r una política nacional de mejora regulatori­a.

—Propiciar la competitiv­idad económica del país.

—Vincular la mejora regulatori­a a la transparen­cia, rendición de cuentas, participac­ión ciudadana, responsabi­lidad pública y eficiencia gubernamen­tal.

—Emitir reglas claras para incentivar un mercado interno competitiv­o.

—Instrument­ar un modelo integral de mejora regulatori­a con políticas de simplifica­ción y homologaci­ón de trámites en toda la República, de suerte que se facilite la creación y escalamien­to de empresas.

Se espera que con este instrument­o holístico sea posible dar coherencia a la normativid­ad, facilitar la coordinaci­ón interinsti­tucional e interguber­namental y con los sectores productivo­s y la ciudadanía, así como acotar las posibilida­des de corrupción. m *Licenciado y doctor en Derecho por la UNAM con posgrado en Harvard y ex presidente de Concamin.

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