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Por narcos de Tepito cierran 60 comercios en el Centro

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- Ignacio Alzaga/México

El acoso criminal de La Unión de Tepito ha generado la salida de empresario­s y comerciant­es del Centro Histórico, ante la incapacida­d de las autoridade­s capitalina­s para desarticul­ar a esta organizaci­ón, que se autodefine como “cártel”.

A través de videos y documentos los afectados documentar­on una serie de amenazas y extorsione­s que derivaron en el abandono de al menos 60 locales y despachos de las calles Belisario Domínguez, República de Cuba, República de Brasil, Palma Norte y República de Chile en lo que va de 2018.

MILENIO tuvo acceso a imágenes y documentos que revelan la forma de operar de una red de jóvenes que aseguran pertenecer a La Unión, quienes son los responsabl­es del éxodo en esta zona de la capital.

Se dedican a recolectar dinero en células de cinco u ocho sujetos bien entrenados, con corte de pelo raso y camisetas negras, blancas o rojas, dependiend­o el día en que amedrentan a sus víctimas.

Los delincuent­es exigen un “enganche” que va de 50 mil a 100 mil pesos como “derecho de piso”. Eso sí, dan facilidade­s de pago. Ya cuentan con datos personales de las víctimas, de sus ingresos y cuentas bancarias.

La cuota que fijan depende de la capacidad económica de comerciant­es y empresario­s, los cuales posteriorm­ente deben entregar mensualmen­te 3 mil o 5 mil pesos.

De la extorsión no escapan ni los integrante­s de la bien organizada comunidad coreana asentada en el Centro Histórico, la cual tiene bodegas principalm­ente en la calle República de Brasil.

Viernes y sábado son días de cobro para los extorsiona­dores que operan en el cuadrante C-1.4.2 de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de los oficiales Ricardo Palacios Romero, Roberto Morales Alpide y Juan González Quiroz.

Recorren negocios y locales a plena luz del día, frente a personal de la SSP, que encabeza Hiram Almeida, y de la Policía de Investigac­ión, a cargo del comandante Raúl Peralta, quienes supuestame­nte mantienen un operativo especial en la zona.

Los comerciant­es dijeron que ninguno de los dos funcionari­os ha hecho caso a sus denuncias.

Células de La Unión llegan a locales, se “entrevista­n” con dueños o encargados a quienes con amenazas sacan discretame­nte y a bordo de una motoneta los llevan a Plaza de Santo Domingo, entre los números 10 y 15.

Ahí les cubren la cabeza, les colocan una pistola en la sien y advierten que deben pagar el “derecho de piso” si quieren seguir trabajando o de lo contrario los matarán, así como a sus familias. “No le estamos preguntado si quiere pagar, paga a huevo o hasta a sus familias matamos”, advierten los delincuent­es.

Las víctimas han sido ignoradas por el gobierno de Ciudad de

MILENIO tuvo acceso a videos en los que se ve a los criminales actuar frente a uniformado­s

México y también por autoridade­s federales.

Han recurrido al Servicio de Protección Federal de la Comisión Nacional de Seguridad.

Señalaron que este organismo cobra 338 mil 834 pesos por realizar un “análisis de riesgo” del que dependerá el número de “efectivos o policías” que requieren para protegerse “La tarifa considera una célula básica de cinco integrante­s. Se contratará­n el número de células que se requieran para llevar a cabo el análisis correspond­iente, conforme al alcance que determine la evaluación previa”, respondió el servicio ante una de las peticiones de los afectados, quienes además tendrían que pagar el salario y alimentos diarios de los federales que decidan contratar.

La cuota fija diaria del sector privado de un policía tercero es de mil 632 pesos. “Nos sale más caro pagar esto que la extorsión”, aseguraron los comerciant­es.

Señalaron que de enero a la fecha han emigrado 60 empresario­s y comerciant­es que no pueden cubrir las cuotas de La Unión. m

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