Astudillo exige penas más duras a quien porte armas
Aumentar el catálogo de delitos que merezcan prisión preventiva no es el camino, considera Roberto Ochoa, subprocurador de PGR
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, planteó impulsar una reforma al nuevo Sistema de Justicia Penal para sancionar con prisión preventiva oficiosa y penas más severas a los detenidos por posesión de armas de fuego.
Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) desestimó la propuesta, al subrayar que en el nuevo sistema de justicia no se apuesta por el encarcelamiento de las personas.
Entrevistado en el contexto de la 39 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), el gobernador Astudillo señaló: “Quien tiene un arma de fuego, (como) un cuerno de chivo, una AR-15, no las tiene para defenderse. Es armamento muy fuerte, que en muchas ocasiones llega a personas totalmente fuera de la ley”, expresó.
Llamó a los procuradores y fiscales del país a impulsar dicha reforma, ya que el sistema penal tiene “inconsistencias” que se deben ajustar.
Astudillo pidió “encuadrar correctamente” el sistema penal acusatorio, pues aunque es bueno en especial en el tema de las armas debe tomar otra ruta y evitar que las personas detenidas por posesión ilegal queden libres.
Sin embargo, Roberto Ochoa Romero, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, de la PGR, manifestó no estar de acuerdo en ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. La Procuraduría General de Justicia capitalina mantiene bajo investigación a 25 policías por presuntos abusos de autoridad durante el enfrentamiento con presuntos delincuentes en la zona de Culhuacán el pasado 19 de junio.
La acusación surgió ante señalamientos de testigos y familiares de las personas que resultaron muertas, así como material de video y fotografías difundidas en las redes sociales sobre la actuación de los elementos de seguridad.
El subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, Guillermo Terán, explicó que los policías ya están citados a declarar y quedaron bajo resguardo de su mando superior.
Un juez de control decretó la prisión preventiva a 22 de los 25 detenidos por el delito de resistencia de particulares, además de fijar 30 días para concluir la investigación complementaria. Hay otra persona que enfrenta cargo por homicidio y un menor por resistencia de particulares.
“El sistema acusatorio no apuesta por el encarcelamiento de las personas, ni siquiera de forma preventiva. Sin embargo, se ha venido argumentando la necesidad de incorporar los delitos que tengan que ver con armas de fuego y explosivos al régimen de prisión preventiva. “Nos parece más bien que el camino por el que hay que llevar los esfuerzos constitucionales son la capacitación y formación continua de los agentes del Ministerio Público para poder argumentar esta medida”, sostuvo.
Al iniciar los trabajos de la CNPJ, Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales y encargado de despacho de la PGR, anunció que presentará un documento relacionado con el perfil institucional, política criminal y plan de persecución penal que debe seguirse. La Fiscalía General de Guerrero investiga si el asesinato del director de Seguridad Pública del municipio de Zitlala derivó de un ataque perpetrado por Los Rojos o Los Ardillos, grupos criminales que se disputan la zona.
Al respecto, Héctor Astudillo afirmó que “no quiero criminalizar”, pero el mando policiaco “no estaba uniformado ni en horas de trabajo, por lo que se está investigando.
Comentó que Zitlala es una región “delicada” y “peligrosa”, donde operan dichas organizaciones criminales y se enfrentan. “Sin que yo pueda afirmarlo, las líneas de investigación (por la muerte del mando) eran estos dos grupos”, expresó.
Información de inteligencia señala que Los Ardillos tienen presencia en ocho municipios guerrerenses. m