Milenio

La crisis nicaragüen­se llega a la OEA; cifran los muertos en 212 y acusan a Ortega de violar derechos

Ante el Consejo Permanente se presentó un informe donde se señala al gobierno de violar los “derechos a la vida, libertad, salud, expresión”...

- DPA-EFE/Washington-Managua

Más de dos meses después del inicio de la peor crisis en décadas en Nicaragua, donde los muertos suman ya 212, la Organizaci­ón de Estados Americanos (OEA) se comprometi­ó este viernes finalmente a involucrar­se en la búsqueda de una solución.

La crisis nicaragüen­se entró ayer por primera vez en el consejo permanente de la OEA, el órgano en el que se reúnen regularmen­te los 34 países miembro a través de sus embajadore­s, con la presentaci­ón del informe final que la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH) realizó, tras la visita que en mayo hizo al país centroamer­icano, para investigar la violencia.

Su secretario ejecutivo, Paulo Abrao, y la relatora para Nicaragua, Antonia Urrejola, pusieron sobre la mesa 212 muertos, la mayoría jóvenes, en el marco de las protestas que arrancaron el 18 de abril contra el gobierno de Daniel Ortega, tras la aprobación por decreto de una reforma de la seguridad social, y acusaron al ejecutivo del ex guerriller­o sandinista de aplicar la “violencia estatal” para disuadir a los manifestan­tes. “La respuesta de represión a las protestas ejercida por el gobierno de Nicaragua ha tenido como consecuenc­ia una grave crisis de derechos humanos”, señala el informe, de 97 páginas.

El documento constata un “uso excesivo de la fuerza” por parte de la policía, grupos parapolici­ales y grupos de terceros armados y concluye que “el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia”.

En Nicaragua, la Iglesia católica celebró el informe. “Gracias a la CIDH por mostrar la verdad del genocidio perpetrado contra el pueblo de Nicaragua de parte del gobierno!”, reaccionó Silvio Báez, arzobispo auxiliar de Managua.

Más allá de los 212 muertos, hasta el día 6 de este mes la CIDH contabiliz­ó mil 337 heridos y 507 detencione­s arbitraria­s.

En la sesión se guardó un minuto de silencio por las víctimas.

El informe de la CIDH cayó mal al gobierno de Ortega. “Es subjetivo, prejuiciad­o y notablemen­te parcializa­do”, aseguró su ministro de Exteriores, Denis Moncada, presente en Washington. “No es política de Estado la represión de protestas sociales y menos el uso represivo y arbitrario de la fuerza”.

México anunció que presentará próximamen­te una propuesta de implicació­n en la búsqueda de una solución tras consultar con otros países y la secretaría general. “Los miembros de la OEA tenemos un papel que jugar”, manifestó el embajador mexicano, Jorge Lomónaco.

El embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, pidió “elecciones anticipada­s, justas y libres”. “No hay otra para solucionar esta crisis”, aseguró.

Su petición de elecciones parece encajar a priori con el planteamie­nto del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que trabaja con Ortega en una reforma del sistema electoral. “Nosotros hemos propuesto un camino a andar en materia de democracia; la realizació­n de elecciones generales, presidenci­ales y parlamenta­rias anticipada­s en un plazo mínimo de nueve meses, dada la necesidad de rehacer el registro electoral, y un plazo máximo de 14 meses”, dijo ayer Almagro.

Una de las críticas de la oposición, que saludó ayer el informe de la CIDH, es que no hable de excluir de esos comicios a Ortega.

La semana que viene llegará a Nicaragua una misión de la Oficina del Alto Comisionad­o para los Derechos Humanos de la ONU, invitada bajo presión esta semana por el gobierno de Ortega, junto a la Unión Europea (UE) y la CIDH.

El 3 de julio arribará el Grupo Interdisci­plinario de Expertos Independie­ntes (GIEI), un mecanismo de investigac­ión internacio­nal para el que la OEA y la CIDH obtuvieron la anuencia de Ortega. Golpes y abusos de fuerzas paramilita­res, denunciaro­n este viernes jóvenes nicaragüen­ses al ser liberados tras su detención en la oleada de protestas contra el gobierno.

Entre llantos y abrazos de sus familiares, 15 jóvenes fueron llevados por la policía a la catedral de Managua y otros 11 quedaron libres en Masaya, 30 km al sur de la capital, uno de ellos desde la noche del jueves. Dos de ellos eran menores de edad.

Las liberacion­es fueron fruto de una reunión que sostuvo el jueves en Masaya una comitiva de obispos católicos con el subdirecto­r de la policía, Ramón Avellán.m

El texto constata “uso excesivo de la fuerza” por parte de la policía y grupos parapolici­ales

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El joven Marvin Toruno, detenido por manifestar­se, reza tras ser liberado ayer en Managua.

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