Urgente, que la ley se adapte a la realidad laboral de México

AUNQUE SE LOGRÓ HACER una reforma constitucional, falta que la legislación ordinaria garantice los derechos, tanto de empresarios como de trabajadores, afirma experto

El derecho a un empleo digno ha estado en la Constitución mexicana desde el inicio, “fue pionera a escala mundial y contenía una serie de lineamientos muy proteccionistas de la clase trabajadora; sin embargo, la propia dinámica social y económica fue generando artimañas, por así decirlo, con las cuales de alguna manera burlaban la ley”, explicó en entrevista el doctor Dr. Bernardo Javier Cortés López, uno de los autores del libro Los derechos

humanos laborales, elaborado por la CNDH y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, al asegurar que, después de la reforma constitucional que se logró en materia de derechos humanos en 2012, la ley ordinaria “estaba un poco desfasada de la realidad, los empresarios siguieron buscando las vías para eludir sus responsabilidades y con ello creció el trabajo informal”.

Ante ese panorama, expresó el especialista, un pendiente que tendrá que abordar la próxima administración es reformar la Ley Federal del Trabajo, para la cual “el reto es lograr que no se tenga que estar regulando cada vicio que se genera; eso requiere educación cívica, cultura jurídica y que al menos el trabajador sepa qué derechos tiene. Ese es un problema grave que no se ha atendido, porque actualmente una persona deseosa de tener empleo acepta lo que le den y con cualquier condición debido a la falta de oportunidades de trabajo formal que ha prevalecido. Ya es excepcional la persona que logra obtener un empleo o seguridad social, cuando antes eso era una regla”.

Cortés López resaltó que la ley actual “no responde a la realidad que vivimos y necesitamos que las personas correctas participen en el proceso, para que cuenten lo que realmente sucede en los juzgados y en el tribunal, que muchas veces no es lo que está previsto en la ley”.

VICIOS Y ABUSOS

Cortés López, ex asesor del presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, explicó que las malas prácticas frenan el desarrollo tanto de empresarios como de trabajadores, ya que en ambos casos se abusa.

Por parte de las empresas, detalló, no respetan los derechos de los trabajadores haciendo uso de la contratación por honorarios, en la cual “no se genera una relación laboral, porque esta figura, al estar enmarcada en un contrato, se regula por la materia civil, supuestamente no existe relación de subordinación. Así no se genera ninguna prestación, ni aguinaldo ni vacaciones ni seguridad social. Se fue desvirtuando la relación hasta que se tuvo que regular en 2012, pero esa reforma está desfasada de la realidad”, aseguró.

Otro problema, agregó, es que, sumado a la dificultad que tienen las empresas para encontrar talento, también hay empleados que aprovechan el marco legal para abusar. “Estuve en la trinchera y conozco los recovecos de la justicia laboral… Hay una gran lista de anécdotas de malas prácticas, pero algo que es muy reiterado es que algunos trabajadores andan brincando de empresa en empresa solamente para generar una pequeña antigüedad y poder demandarlas; son personas que viven de eso... a veces logran una conciliación que les reditúa con 10 mil, 30 mil o hasta 100 mil pesos”.

Otro factor que trunca el desarrollo laboral, aseguró, “tiene que ver con el sindicalismo, porque los sindicatos llegaban a un negocio y pedían dinero. Son verdaderas mafias que no permiten el progreso de la economía. Algunos empresarios extranjeros no quieren invertir en México por eso, porque saben que llegando va a llegar una de esas agrupaciones y les va a pedir dinero”.

La reforma a la ley ordinaria se quedó “en la congeladora” y Cortés López considera que será un pendiente de la próxima administración. “Nos quedamos en suspenso y no sabemos si con el cambio de Congreso va a prosperar. Espero que se cumpla el cambio de paradigma que se propuso para lograr un sistema de justicia laboral que a los ciudadanos no les dé miedo porque van a perder años, que sepan que en 60 días se resolverá su caso y que no haya este tipo de

coyotismo, valga la expresión, con la que se abusa de la regulación”.

Para concluir, dijo, “el derecho al trabajo es sensible, si no es que el más importante después del derecho a la libertad. Me ha tocado ver personas que después de un juicio quedan fuera de sus cabales, después de vivir ese proceso ya no son quien eran antes, porque se les fueron 10 años de vida. El proceso se puede volver tortuoso; a mí me han tocado juicios de hasta 20 años y para quien atraviesa por eso es un verdadero viacrucis, incluso hay casos en los que tardan tanto sus procesos, que para cuando los reinstalan (en la empresa) ya se jubilan”.