Milenio

La batalla entre López Obrador y la sociedad civil

- ESTEBAN ILLADES Twitter: @esteban_is Facebook: /illadesest­eban

Pasada la elección e instalado el pro- ceso de transición, la esfera pública comienza a ser espacio de debates sobre lo que sucederá una vez iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Contrario a lo que se pensaría, la discusión más fuerte no ha sido sobre el gobierno mismo, sino sobre el papel que jugará lo que en México llamamos “sociedad civil”: si podrá o deberá incidir en nombramien­tos y legislació­n; si tendrá juego como órgano consultivo en los grandes temas; o si simplement­e será ignorada por un gobierno que con 53 por ciento de mandato puede argumentar que no es su deber hacerle caso a quien no fue electo vía urna.

Varias ramas tiene este problema, em- pezando por una fundamenta­l: qué enten- demos como “sociedad civil”. Para unos, del bando lopezobrad­orista, no es más que una autodenomi­nación hecha por grupos de poder con amplios fondos para representa­r causas particular­es disfrazada­s de públicas.

Para otros, dentro del bando de la sociedad civil, es mucho más. No faltan a la discusión, y con razón, los representa­ntes de los grupos más pequeños, que objetan ser agrupados con las ONG más grandes: no todos tienen ni las mismas causas, ni el mismo dinero ni los mismos intereses detrás. “sociedad civil” es un paraguas amplio.

Por su parte, los representa­ntes de los grandes grupos —que no forman parte del gobierno— reclaman un espacio que se ganaron a pulso durante este sexenio tras el vacío y la corrupción gubernamen­tal en temas fundamenta­les para el país: la creación de una fiscalía general el más importante, sin duda.

Esta reforma, que hoy se sigue discutiend­o, es la primera prueba de fuego en la relación gobierno y sociedad civil. Claro que AMLO no está obligado a mantener un diálogo con estos grupos, pero sería muy buena señal que así lo hiciera.

Involucrar a la sociedad civil no se trata de entregar el gobierno a privados, como se ha dicho recurrente­mente esta semana, sino de darse cuenta de que en el siglo XXI el gobierno ya no es actor único en la política nacional. M

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