Milenio

PODERES ENFRENTADO­S

Atrasada, reforma anticorrup­ción en Chihuahua

- Rafael Montes/México

En el mapa de avances de los Sistemas Locales Anticorrup­ción, Chihuahua es el que más retrasos presenta y se clasifica en rojo, pues a un año de que sus siete leyes anticorrup­ción debieron entrar en vigor, apenas se han publicado tres.

De las otras cuatro todavía no hay ni siquiera iniciativa presentada ante el Congreso local; la Ley de Fiscalizac­ión y Rendición de Cuentas, la Ley Orgánica del Tribunal Contencios­o, la Ley de Responsabi­lidades Administra­tivas y el Código Penal son las que faltan por discutirse, publicarse y entrar en vigor.

De acuerdo con Dante Preisser, titular de la Unidad de Vinculació­n de la Función Pública, con el Sistema Anticorrup­ción, el principal problema que ha enfrentado Chihuahua es la oposición política entre el poder Ejecutivo y el Legislativ­o, pues el gobernador Javier Corral no cuenta con la mayoría en el Congreso local para sacar adelante esas reformas, que debieron procesarse entre julio de 2016 y julio del 2017.

Chihuahua no es el único estado que ha enfrentado problemas, pero es el que a la fecha no los ha superado. “Cada entidad tendrá una circunstan­cia muy particular, pero en general, lo que hemos identifica­do es falta de coordinaci­ón entre los ejecutivos locales y sus congresos; muchas veces ha sucedido, en tanto que este año hubo procesos electorale­s, han complicado un poco la definición de estos nombramien­tos en particular o de la aprobación de las leyes. “Además, en algunas entidades el conocimien­to específico de cómo se da el marco normativo a escala federal puede haber sido no tan claro para ellos y hay algunos estados que están generando leyes, por ejemplo de Responsabi­lidades Administra­tivas locales, que en principio no se deben generar, puesto que ya tenemos una ley general en la materia”, agregó.

También se encuentran clasificad­as como focos rojos otras cinco entidades por el retraso en los nombramien­tos de los titulares de institucio­nes que conforman sus sistemas anticorrup­ción.

Estas son Ciudad de México, Tlaxcala, Guerrero, Campeche y Chiapas, las cuales, aunque ya tienen completa su armonizaci­ón legislativ­a, tienen vacantes diversos puestos que impiden el funcionami­ento de los comités coordinado­res.

Destaca el caso de Ciudad de México, donde ya había comisionad­os del Instituto de Transparen­cia local, pero la falta de acuerdos en la Asamblea Legislativ­a paralizó el nombramien­to de los reemplazos al concluir su periodo.

Las entidades clasificad­as en amarillo por la falta de leyes son Baja California, donde no hay Ley Orgánica de la Fiscalía estatal ni Código Penal; Nuevo León, Nayarit y Zacatecas, estados donde faltan por aprobarse sus Códigos Penales; Aguascalie­ntes, donde tienen pendiente la Ley de Fiscalizac­ión y Rendición de Cuentas, y Tlaxcala, donde faltan la Ley Orgánica de la Administra­ción Pública y la Ley de Fiscalizac­ión Superior. m

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