Ordenan concluir proceso de elección de 18 magistrados
Fernando Silva García, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa con sede en Ciudad de México, ordenó al presidente Enrique Peña Nieto y al Senado transparentar y terminar el nombramiento y ratificación de los 18 magistrados anticorrupción.
Los magistrados deben integrar la sección especial de la sala superior y cinco especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En la sentencia dictada por el juzgador federal, en el juicio de amparo 589/2018, se demanda que el Presidente transparente la designación de los magistrados anticorrupción. “Para ello (el Presidente) debe justificar la idoneidad de las personas designadas como magistrados anticorrupción, para lo cual deberá señalar en un apartado específico de manera pormenorizada e individualizada a través de una motivación reforzada por qué las personas resultan idóneas para ocupar el cargo, detallando los méritos, la calidad ética y profesional que cada uno tenga en las materias específicas de fiscalización, responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición de cuentas”, detalla la sentencia.
Para tal efecto, el Presidente de la República deberá publicar las designaciones de los magistrados anticorrupción con la justificación de su idoneidad para el cargo en el Diario Oficial de la Federación.
Peña propuso como magistrados de la tercera sección de sala superior, encargada de resolver las apelaciones de las especializadas, a Álvaro Castro Estrada, Jesús Rojas Ibáñez y María Zaragoza Sigler.
Como magistrados de las cinco salas especializadas del tribunal, Peña Nieto propuso a Javier Armando Abreu Cruz, Verónica Aguilera Orta, Ana Yadira Alarcón Márquez, David Alejandro Alpide Tovar, Carlos Antonio Alpízar Salazar, Miguel Guillermo Aragón Lagunas, Gerardo Alfonso Chávez Chaparro, Alejandro Víctor Jesús Díaz de León Carrasco, Hortensia García Salgado, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Luis Eduardo Iturriaga Velasco, José Luis Stein Velasco, Víctor Mariel Soulé, Marco Antonio Palacios Ornelas y Claudia Rosana Morales Lara.
Mientras tanto, el Senado, señaló el juez, debe decidir inmediatamente sobre la ratificación de los magistrados anticorrupción atendiendo al artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La resolución derivó del amparo que promovió el Comité de Participación Ciudadana que preside la activista Mariclaire Acosta Urquidi.
Los magistrados que formen parte del Sistema Nacional Anticorrupción serán los encargados de resolver las sanciones aplicables a servidores públicos y particulares que cometan faltas administrativas graves, como peculado, cohecho, desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito.
Por mandato constitucional, el Senado tuvo que haber nombrado a los magistrados antes del 18 de julio de 2017, porque el Sistema Nacional Anticorrupción entró en funciones un día después de la citada fecha.
En la demanda, el mencionado comité, que legalmente representa Luis Pérez de Acha, reclamó que el Senado además de no ratificar a los magistrados, “ni en forma previa ha verificado la idoneidad” de éstos.m