Nuevo constitucionalismo y transformación social
El 40 aniversario de la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, celebrado en días pasados, es una buena oportunidad para reflexionar sobre la manera en que estos eventos han transformado nuestro constitucionalismo, el compromiso con los derechos humanos que de ello derivan, y la importancia de que la Corte Mexicana los reafirme en el contexto actual de transformación que vive nuestro país.
El constitucionalismo tradicional mexicano consideraba a la Constitución como un cuerpo cerrado y ajeno al derecho internacional, cuyo contenido estaba acotado a interpretaciones gramaticales o literales, fuera de las cuales no había posibilidad de un mayor desarrollo. Esto fue desafortunado no solo porque el derecho mexicano se mantuvo ajeno a la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, sino porque, a pesar de que la Constitución de 1917 fue progresista y de avanzada, el modelo de interpretación conservador impidió que sus contenidos se expandieran en la medida que hubiera sido deseable.
Este paradigma fue evolucionando, para lo cual fue de la mayor importancia la reforma constitucional de 2011 y la interpretación que de la misma hizo la Suprema Corte, con la que se incorporaron en el ámbito de proteccion de las personas los derechos consagrados en tratados internacionales, ampliándose de esa manera la defensa de los derechos humanos. Al mismo tiempo, la Suprema Corte reconoció la vinculatoriedad de la jurisprudencia interamericana, con lo que se inició un diálogo constructivo entre ambos tribunales, en el que se han privilegiado los criterios más favorables a la persona.
De igual manera, se determinó que todos los jueces mexicanos están obligados a realizar un control de convencionalidad, en virtud del cual deben inaplicar aquellas leyes que sean contrarias al bloque de constitucionalidad, integrado por los derechos humanos de fuente constitucional, en sentido estricto, así como los de fuente internacional.
De esta forma, hoy en día la Constitución es mucho más que su texto. La Constitución se ha expandido porque tenemos un compromiso con las normas que integran el sistema del que formamos parte y porque éstas se han integrado expresamente a nuestro derecho interno, de manera que todos los jueces mexicanos nos hemos convertido en jueces interamericanos.
Todo lo anterior cobra una especial relevancia en la coyuntura por la que atraviesa nuestro país en la actualidad. El mandato expresado en las urnas impone claramente a todos los poderes del Estado mexicano, el deber de luchar contra la corrupcion, la impunidad y los privilegios que tanto aquejan a nuestra sociedad.
Para la Suprema Corte esto significa, en primer término, la necesidad de fortalecer su legitimidad frente a la ciudadanía, lo que no puede lograr sin un compromiso firme con la austeridad y la transparencia, a través de acciones concretas, claramente encaminadas a recuperar la confianza de la sociedad.
Paralelamente, es necesario reafirmar el compromiso en la protección de los derechos humanos, con un especial énfasis en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Abatir la desigualdad y la pobreza es una tarea urgente para la cual se requiere no solo la implementación de políticas públicas, sino un papel activo de los jueces en la interpretación progresiva de estos derechos, en la ampliación de su contenido y en la adopción de medidas para su eficacia.
En este sentido, la labor jurisprudencial de la Suprema Corte en los próximos años debe orientarse a definir y consolidar el rol de los jueces en la interpretación, desarrollo y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como elemento central para avanzar hacia una mayor justicia social.
Todas las autoridades tenemos una responsabilidad con la transformación del país, con los principios y valores de la Constitución y con los derechos humanos. La Suprema Corte no es ajena a dicha responsabilidad; por el contrario, está llamada a desempeñar un papel fundamental en este proceso porque, a fin de cuentas, cuando todo lo demás falla, los jueces son la última esperanza frente al abuso y la arbitrariedad.