La transición cortesana
No es lo mismo decidir que ha llegado el momento de desechar un régimen que el acuerdo colectivo sobre la configuración del nuevo régimen que lo sustituye.
El presidente electo ha sido, como es su característica, suficientemente hábil para moverse en el terreno de la ambigüedad. Sus más conspicuos voceros y próximos responsables en tareas de gobierno lo imitan. Se juega con las palabras o se eluden los temas fundamentales. Se pasa de la Reforma Educativa a la educación reformada. Se revisan los contratos de la Reforma Energética y se hará una refinería, pero no hay un pronunciamiento sobre qué se va a hacer en adelante con los elementos esenciales de dicha reforma. En materia de seguridad se debate sobre el destino legal y moral de los delincuentes pero hasta ahora no se ha dicho una palabra sobre qué se va a hacer con el delito, el crimen, palabra que por cierto no existe en el vocabulario ni del presidente electo ni del que será secretario de Seguridad. Se apartará para siempre el poder político de lo económico pero no ha empezado siquiera el sexenio cuando el empresario que será jefe de la Oficina del presidente López Obrador se retrata con él en una de sus empresas que será contratada para llevar a cabo la política del campo de la siguiente administración.
Se ha hablado mucho y hasta celebrado que en el periodo de transición el presidente elegido ha asumido las funciones de facto. En la luna de miel del que será el gobierno de López Obrador se mueve a sus anchas en el terreno de “la impronta cortesana que caracteriza a la élite mexicana”, en frase de Beatriz Paredes (El Universal, 10 de agosto). A 40 días de la elección es difícil establecer la frontera entre la tersura civilizada de una democracia y la obsecuencia.
Se sabe por filtraciones a la prensa que los funcionarios del actual gobierno recibieron la instrucción de no responder a los ataques del equipo del gobierno entrante respecto de la orientación e instrumentación de las políticas todavía a su cargo. Elocuentes, convencidos e informados del actual gabinete, que los hay y muchos guardan silencio ante groseras y simplistas interpretaciones de lo realizado con el esfuerzo colectivo durante seis años de la administración de Enrique Peña y se deja el campo abierto a la comisión de graves equivocaciones y retrocesos, esos sí, conservadores y reaccionarios, contrario a la fácil adjetivación del presidente electo.
Se llega al exceso. Tal vez López Obrador no sabe que los legisladores tienen facultades legales de plantear iniciativas. Y si lo sabe, peor, porque el pedirle al jefe del Ejecutivo en funciones que envíe como suyas iniciativas del otro que contravienen diseños fundamentales de esta administración es un gesto de vileza innecesaria, como es el caso de revertir administrativamente todo el diseño de seguridad pública o de enviar como iniciativa del actual gobierno una Fiscalía General a modo del próximo. No se entiende. Es innecesario.
Mientras tanto, la adulación, la obsecuencia y la ambigüedad se vuelven las notas dominantes. M