Tenemos Presidente electo; se cumple el mandato del 1 de julio
Con este acto republicano se acreditó que la reforma electoral de 2014 resultó positiva, a pesar de haber encargado al INE 73 nuevas atribuciones, además de que hubo una buena coordinación con los institutos locales
El miércoles pasado se celebró la sesión en la cual los siete magistrados y magistradas electorales de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobaron, por unanimidad de votos, el dictamen relativo al cómputo final de la elección presidencial; y en voz de su presidenta, la magistrada Janine Otálora Malassis, declararon la validez del proceso electoral y, en consecuencia, al candidato que fue postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, le hizo entrega de la constancia de Presidente electo, quien desempeñará su encargo en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024. ¡Enhorabuena!
El cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se elaboró a partir de las actas de cómputo distrital levantadas por los respectivos consejos distritales, fueron presentados 286 medios impugnativos para controvertir los 300 cómputos distritales, impugnaciones que fueron declaradas improcedentes por la sala superior, en sesiones públicas del 3 y 7 de agosto, con lo que se concluyó que López Obrador obtuvo 30 millones 110 nil 327 votos, que representan 53.20 % de la votación total emitida.
En la materia electoral, calificar una elección es examinar si las etapas del proceso electoral se llevaron a cabo conforme a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad; y de acuerdo con las formalidades establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para el proceso electoral, constatar que no hubo ninguna deficiencia de carácter sustantivo y que tampoco se acreditó alguna de las causales de nulidad previstas en la Constitución federal o alguna causa de inelegibilidad del candidato que triunfó en la contienda.
Asimismo, se dijo en la sala, se garantizó y se hizo efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva en materia electoral, toda vez que las controversias relacionadas con la elección de Presidente de la República fueron objeto de conocimiento y resolución por el Tribunal Electoral, que recibió y resolvió mil 196 medios de impugnación interpuestos con motivo de la elección presidencial.
Con este acto republicano se acreditó que la reforma electoral de 2014 resultó positiva, a pesar de haber encargado al Instituto Nacional Electoral (INE) 73 nuevas atribuciones. Hubo una buena coordinación con los institutos locales, el INE capacitó a más de millón y medio de funcionarios para más de 156 mil casillas, se pudo resolver el tema de la fiscalización de 17 mil 699 informes de gastos de los candidatos a distintos cargos de elección que participaron en la contienda, en la cual los medios de comunicación cumplieron con el modelo de comunicación política. Se organizaron tres debates presidenciales con la mayor audiencia y con nuevos formatos, evitando alguna injerencia externa al proceso que perjudicara la elección, tanto de algún país extranjero como de algún grupo de interés, y se logró una mayor participación de nuestros connacionales en el extranjero.
Es importante destacar el trabajo que se hizo relacionado con los conteos rápidos que el INE asumió, tanto para la elección presidencial como para la de los nueve gobernadores que se eligieron (incluido el jefe de Gobierno de Ciudad de México), cuyos resultados fueron confirmados de manera casi exacta, tanto por el Programa de Resultados Preliminares (PREP) como por los cómputos distritales.
La madurez alcanzada por las instituciones electorales después de las reformas de 2007 y de 2014, principalmente ha permitido entregar buenas cuentas a la sociedad mexicana y los temas para los futuros ajustes a la leyes electorales no deben de partir de la desconfianza en los resultados para pensar en nuevas atribuciones ajenas a lo estrictamente electoral; sino por el contrario, es el momento de poder evaluar cuáles atribuciones que hoy tiene el INE deben pasar a otras instancias como la de fiscalización, que puede ser parte del Sistema Anticorrupción o la de arbitrar controversias por quejas entre los candidatos, que puede corresponder al Tribunal Electoral.
Es momento de evaluar, junto con la industria de la comunicación y las fuerzas políticas, cómo poder mejorar el modelo de comunicación política, el de voto en el extranjero y el de registro de electores. El uso de la tecnología debe de ser también parte fundamental para avanzar hacia mejoras estructurales y reingenierías en los procesos electorales que permitan mayor eficiencia con menos recursos, sin poner en riesgo, desde luego, lo ya avanzado en la confianza ciudadana en los procesos y los resultados.
También será una buena oportunidad para impulsar una mejor cultura democrática desde las edades tempranas para crear conciencia de la importancia y fuerza del voto. Sin duda el INE podrá estar a la altura de los nuevos tiempos y podrá, como órgano constitucional autónomo, contribuir a fortalecer la democracia en México y la participación ciudadana en la nueva etapa que se inicia por el nuevo mandato depositado en las urnas, aprovechémosla. m *Consejero electoral y presidente de la Comisión temporal del voto de los mexicanos residentes en el extranjero