Viabilidad de promesas de campaña
La frase de Campaña, “echar abajo la mal llamada reforma educativa” tiene efectos adversos de legalidad si se quiere cumplir cabalmente ahora, que ya hay presidente electo, y después, a partir del primero de diciembre, cuando ya tenga carácter constitucional. Los tiempos legislativos no dan para, aun queriéndolo, procesar una reforma que tiene sus raíces en la Constitución, independientemente de las tres leyes secundarias en que se desenvuelve aquella. El problema, como se insistió aquí la semana pasada, estriba en lo que sucederá a partir de lunes próximo (el inicio de año escolar), en que se implanta efectivamente la reforma. ¿Qué sucederá? y ¿cómo se procederá? El enigma involucra a los dos gobiernos, al entrante y al que todavía le quedan tres meses de gestión.
Al asunto de legalidad, se le suma el de factibilidad. ¿Qué aspectos o partes de la reforma educativa (RE) hay que echar abajo para que la promesa de campaña quede cumplida? Si bien parece haber claridad y coincidencia en las declaraciones de AMLO y Esteban Moctezuma en la desaparación de todo aquello relacionado con evaluación y efectos laborales, en lo restante, que es mucho, hay ambiguedades o indefiniciones. La consulta ya anunciada para iniciarse próximo 27 podría servir para ese propósito, pero ésta solo concluirá en los primeros días de noviembre, según expresión del próximo titular de la SEP.
Por lo pronto, y mientras no se precise ese mucho de la RE que “se echaría abajo”, aquí se aborda una de sus principales implicaciones. Se refiere a los dos grandes objetivos con que se justificó la iniciativa de reforma constitucional: recuperar la Rectoría del Estado y garantizar la calidad de la educación.
La primera constituyó el gran objetivo político frente a la cesión de poderes que paulatinamente la SEP fue cediendo a la organización corporativa del magisterio, desde los tiempos de Torres Bodet (en el gobierno del presidente Avila Camacho), hasta el del presidente Calderón, cuando a SEP y el SNTE acuerdan la Alianza por la Calidad Educativa, sellándola con la reforma a la educación básica de 2011.
Este proceso se reprodujo en las entidades federativas donde, al igual que en las SEP, las funciones más importantes en la conducción de la política educativa eran (o son aún) encomendadas a figuras representativas del SNTE, o de la CNTE en el notable caso de Oaxaca. Se trataba sintéticamente, como lo expresa Carlos Ornelas, de una estructura oficial (SEP y secretarías de educación estatales) “colonizada” por un sindicato.
¿El gobierno entrante abdicará de ese gran objetivo de orden político? ¿El SNTE y la CNTE renunciarán a los poderes fácticos ya adquiridos? Ambas preguntas, las dos caras de una misma moneda, confluyen en otra que resume todo, aunque se diga de modo distinto: ¿el gobierno de AMLO recuperará efectivamente la rectoría del Estado en materia educativa?
El segundo gran objetivo, garantizar la calidad educativa en el nivel básico, es irrenunciable. Está presente en el artículo tercero y es uno de los méritos del secretario Chauyffet y del presidente Peña. Igual que el de la rectoría, este objetivo se inscribe en lo que debe ser una política de Estado, a salvo de vaivenes político– partidarios, que debe ser preservada en cualquier régimen. Proviene de los magros resultados observados en el desempeño de los educandos en las comparaciones internacionales de sistemas educativos, desde hace 25 años. Pero también de las evaluaciones nacionales elaboradas desde aquellas fechas. El avance en el dominio de comparar competencias básicas (conocimientos, habilidades y destrezas) del alumnado ha sido muy lento en ese lapso e, inclusive, hay retrasos en algunas de ellas.
Tanto en la campaña, como después del primero de julio, EM se ha referido extensamente a este segundo objetivo. La discrepancia se observa respecto del Modelo Educativo aprobado. Pero, si éste último es e corazón de la RE, tal diferencia se extendería también a los materiales y métodos educativos, organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y directivos, aspectos todos ellos fundamentales para garantizar la calidad de la educación, tal como se consigna en el artículo tercero.
En suma: antes de “echar abajo todo” dos posibilidades: 1) se vuelve imprescindible distinguir lo propiamente educativo de lo no educativo de la RE. Si no se procede así, separando las cosas, solo se estaría “tirando al niño con todo y agua sucia”.
“se vuelve imprescindible distinguir lo propiamente educativo de lo no educativo de la RE”