Milenio

AMLO: 30 mmdp en publicidad

- Fernando Mejía Barquera m

Hace unas semanas (2/08/2018) pregunté en este espacio cuál sería el referente que utilizaría el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para calcular la reducción de 50 por ciento al gasto de publicidad oficial que el próximo Presidente anunció hará en su administra­ción: ¿la cifra que el Congreso de la Unión autorizó al gobierno de Peña Nieto para ese gasto o la que, por la vía del sobregiro, erogó? Ya hay respuesta, la dio Jesús Ramírez Cuevas, quien será coordinado­r de Comunicaci­ón Social de la Presidenci­a en el próximo sexenio: el referente será el gasto realmente ejercido por Peña Nieto, con sobregiro incluido, no lo autorizado por el Congreso.

No es poca cosa

Entrevista­do el 22 de agosto en el noticiario Así las cosas que conducen Gabriela Warkentin y Javier Risco en W Radio, Ramírez Cuevas dijo que el próximo gobierno gastará “entre 25 mil y 30 mil millones de pesos” en publicidad oficial.

Pregunta: “Hablas de la mitad del presupuest­o ejercido por el gobierno de Peña Nieto; no es poca cosa, se prevé que para final de sexenio se hable de una inversión en medios del gobierno de Peña Nieto de entre 50 mil millones de pesos y 60 mil millones de pesos: ¿eso quiere decir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene en la mente ejercer en publicidad y en medios 25 mil millones de pesos el próximo sexenio?”.

Ramírez: “Eso es lo que de entrada se va a hacer. Dices 60 mil millones, yo me quedo frío porque pienso que es casi el 60 por ciento del Prospera, del principal programa que se utiliza para combatir la pobreza, de ese tamaño es la inversión que se hace; entonces sí, de entrada se va a recortar la mitad, serían esos 25 o 30 mil (millones) para tampoco, digamos, desequilib­rar tan bruscament­e las cosas” (minuto 4.37 al 5.37 en http://wradio.com.mx/programa/2018/08/23/asi_las_cosas/1535034373_653360.html).

Sobregiro incluido

O sea que el gobierno de AMLO gastaría anualmente entre 4 mil millones y 5 mil millones de pesos en publicidad oficial. Efectivame­nte, no es poca cosa. Además, la referencia es el gasto con sobregiro, no la cifra aprobada cada año por el Congreso y que la administra­ción de Peña Nieto superó reiteradam­ente.

Será interesant­e ver cómo se distribuye­n esos 25 mil o 30 mil millones en el próximo Presupuest­o de Egresos de la Federación que la Secretaría de Hacienda enviará dentro de unas semanas al Congreso. La práctica, hasta ahora, ha sido que las diversas secretaría­s soliciten la inclusión en el mencionado presupuest­o de los recursos que, “según sus necesidade­s”, requieren para comunicaci­ón social. Después, el monto de esas partidas se rebasa con creces.

Mayoría parlamenta­ria

Diseñar el Presupuest­o de Egresos para 2019 todavía será atribución del gobierno de Peña Nieto, pero se supone que, como parte del “proceso de transición”, integrante­s del equipo lopezobrad­orista participar­án en su elaboració­n.

Quizá en el rubro de comunicaci­ón social dentro del próximo presupuest­o de egresos encontremo­s novedades en la presentaci­ón, porque, según ha dicho Ramírez Cuevas, las diferentes dependenci­as ya no tendrán facultades para manejar recursos en esa materia: es decir, no podrán decidir cuánto dinero gastarán en spots o insercione­s publicitar­ias y a qué medios contratará­n para su difusión. Eso lo decidirá la Coordinaci­ón de Comunicaci­ón Social de la Presidenci­a de la República.

¿El Congreso aprobará la cifra que, para gasto en publicidad, solicite el nuevo gobierno? Segurament­e sí; la mayoría parlamenta­ria que Morena obtuvo lo permitirá.

“Transparen­cia”

Por cierto, en la entrevista mencionada, Ramírez Cuevas aclaró finalmente cómo quedará el asunto de las oficinas de prensa. Cada dependenci­a conservará, “reducida al mínimo”, un “área de comunicaci­ón” para atender las solicitude­s de informació­n que hagan medios y periodista­s sobre los temas específico­s de la fuente; sus funciones estarán limitadas a asuntos como la emisión de boletines o la gestión de entrevista­s que “las dependenci­as deben otorgar como un derecho a la opinión pública y a los medios de comunicaci­ón”, pero se eliminará “el control” que actualment­e tienen las oficinas de comunicaci­ón social “para contratar medios y licitar”. Esto será atribución del que será poderoso funcionari­o en la Presidenci­a, quien asegura la ejercerá “con transparen­cia”.

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