El amparo, guardián de la impunidad, y II

La semana pasada se argumentó en este espacio que el amparo, como instrumento jurídico, coadyuva a la impunidad. Dos casos sirvieron para intentar demostrar el argumento: el de la maestra Gordillo, que pese a ser absuelta de todos los delitos que se le imputaron, a poco de estar en libertad solicitó un amparo para no volver a ser detenida por las autoridades judiciales: ¿tendrá algo que esconder, pese a su absolución? El otro fue el del ex gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina, que pese a tener varios ilícitos graves fue absuelto gracias a un amparo concedido por un juzgado local y ratificado por un Tribunal Colegiado. Después del paso de esta odisea, al ex gobernador Medina solo le queda aclarar el uso indebido de un helicóptero. La fragilidad de las acusaciones y el refugio de la ley de amparo son elementos fundamentales para explicar situaciones como estas.

Un caso emblemático de la corrupción en México es Pemex. Ya no diga de su sindicato y su dirigente Romero Deschamps que ostenta autos, casas y viajes de familia por las más exclusivas partes del planeta. Como es de todos conocido, Odebrecht, una empresa brasileña, no escatimó gastos para influir en funcionarios de muchos países de la región para que, por medio del soborno, les favorecieron con contratos que les traerían jugosas ganancias. En las vísperas de la campaña presidencial de Peña Nieto, la empresa mencionada se acercó a Emilio Lozoya, en ese momento coordinador de relaciones internacionales de la cruzada priista-peñista para reconquistar el poder que les había sido arrebatado 12 años antes por el PAN.

México y Venezuela son los dos países en que las irregularidades relacionadas con Odebrecht no han sido objeto de acción penal alguna. Pese a ello, el señor Lozoya, desde fines de 2017, obtuvo un amparo contra cualquier acción legal asociada con la misma empresa. Dicho amparo le protege de cualquier acción legal en su contra, “hasta que su defensa conozca a fondo el expediente que se le sigue…”. Este caso se ha manejado, como suele suceder en México, en la más profunda de las opacidades. Eso genera una sospecha que, con el tiempo puede disiparse. El punto relevante, sin embargo, es que el amparo sigue siendo la figura protectora ante cualquier embate fundado de la autoridad.

Si se tuviera que hacer una lista de los amparados, faltaría espacio para darlas a conocer. Un último caso, por ahora, es del ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés (2009-2015). Acusado de peculado por más de 8 millones de dólares, de haber construido una presa ilegal para sus fructíferas tierras de labor, haber enjuiciado a una trabajadora doméstica por robo, se fugó de la justicia hasta que, por su voluntad se entregó en 2016. Un juez federal, sin embargo, le obsequió un amparo contra la formal prisión por lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada, aunque ello no significa su libertad. Como la maestra Gordillo, eludió los delitos más graves y no es improbable que, en poco tiempo, esté disfrutando de su libertad bajo el cielo sonorense. El próximo gobierno, si en verdad quiere combatir la corrupción, tiene que empezar por la reestructuración del endeble sistema de justicia que premia a pocos y castiga a tantos. M