¿En qué se parecen los proyectos de Peña y AMLO?

Termina el gobierno peor evaluado de la historia reciente de México. Así de contundente y sintético. Se va con tres sellos de esos que son indelebles: los dos primeros —la corrupción y la inseguridad— eclipsan por completo al tercero: las reformas estructurales.

Sin minimizar la relevancia que han tenido estas últimas para comenzar a modificar algunos de los rostros más arcaicos y vergonzosos del país (los maestros heredando y traficando plazas; un sector energético estatizado y estancado; el monopolio telefónico que hacía posible las tarifas excepcionalmente caras con las que Slim depredaba los bolsillos de los mexicanos; la debilidad institucional que facilita la corrupción, entre otras), debe recordarse que las reformas no formaban parte de la oferta programática del candidato. Se las ofrecieron el PAN y el PRD como parte de sus estrategias de reposicionamiento político. No fueron idea de Peña Nieto. Su mérito consistió en haberlas aceptado, adoptado e impulsado. Válido y meritorio.

Esto último viene a cuento porque mientras la herencia valiosa que deja no era parte de su proyecto de gobierno, la corrupción y la inseguridad legadas revelan el proyecto verdadero que tenía en mente Peña Nieto cuando llegó a Los Pinos: utilizar la Presidencia para desarrollar un proyecto empresarial-político, en ese orden. La casa blanca y la de Malinalco —ambas financiadas generosamente por Higa, aquella constructora favorita del Presidente desde que era gobernador y que desapareció del mapa rápidamente— permitieron ver la punta de la madeja cuando apresuradamente se canceló, sin explicación alguna, la construcción del tren México-Querétaro, también concesionado a Higa.

Lo demás es historia. Se trataba de un grupo político alrededor del Presidente (mexiquenses e hidalguenses, más una camada de gobernadores, los Duarte y Borge entre otros, que se apoyaron mutuamente a ganar sus elecciones) que ideó todo tipo de mecanismos para lucrar sin recato y darse vida de jeques árabes (como trasladarse en helicóptero todos los días de sus oficinas a sus casas) a costa del erario. No haber reconocido ni siquiera el conflicto de intereses con motivo de la casa blanca y la de Malinalco los pintó de cuerpo entero y mandó la señal a todos los gobiernos y funcionarios del país de qué se trataba gobernar: todo se vale; todos merecemos abundancia. La estafa maestra lo confirmó. Hasta las universidades le entraron al juego.

El correlato inevitable de pensar que la Administración Pública puede ser un botín y un medio para satisfacer intereses personales o de camarilla fue el desprecio total del estado de derecho y de las instituciones que lo hacen posible: una PGR que termina descabezada, que tuvo que aceptar la derrota en el caso de Elba Esther, que guarda silencio ante el escándalo Odebrecht, que libera al tesorero de César Duarte; de un gobierno que le da cero pesos en el presupuesto al Sistema Nacional Anticorrupción y al mismo tiempo desmantela la Policía Federal. El resultado: tasas de homicidio y de victimización de escándalo. López Obrador llegará a Palacio Nacional con el proyecto de la austeridad y honestidad como la marca de la casa. Nunca más un gobierno de mafias ni de pillaje, como lo señala en su libro. ¿Quién se puede oponer a eso? Pero ese es el centro del proyecto o se trata de inmortalizar la figura del nuevo presidente como el héroe de la Cuarta Transformación? Porque una austeridad irracional (despido de 70% del personal de confianza; nadie gana en todo el Estado más de 108 mil pesos, entre otras medidas) como la que está proponiendo puede dar al traste con el funcionamiento del gobierno por el desmantelamiento del capital humano valioso. El caldo puede salir más caro que las albóndigas.

Y un combate a la corrupción basado solo en el ejemplo presidencial significa minimizar las instituciones del estado de derecho, las mismas que Peña despreció y utilizó políticamente. ¿Ha oído usted alguna vez mencionar a López Obrador sobre la conveniencia y necesidad de impulsar al Sistema Nacional Anticorrupción? ¿No le gusta porque fue diseñado con la participación de organizaciones “fifí”? ¿No quiere López Obrador mantener el poder de nombrar al fiscal general y de paso al fiscal anticorrupción? ¿No sería pertinente ahora que Morena tienen mayoría en la Cámara de Diputados, le deje a la oposición la presidencia y el control de la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación? M

Un combate a la corrupción basado solo en el ejemplo presidencial significa minimizar las instituciones del estado de derecho